EFE | Una
deuda pública todavía cercana al 100 % del PIB, una tasa de paro que
duplica la media europea y el progresivo envejecimiento de la población
son los principales retos económicos a medio plazo que se va a encontrar
el próximo Gobierno, que además llega en un momento de desaceleración
del crecimiento.
El elevado nivel de deuda pública, que en 2018
cerró en el 97,1 % del producto interior bruto (PIB), constituye la
principal vulnerabilidad de la economía española, que podría ver en
riesgo su capacidad para financiarse en los mercados en el caso de que
una nueva crisis económica debilitara la confianza de los inversores en
la capacidad de España para hacer frente a su endeudamiento, como ya
pasó en la anterior crisis.
Reducir la deuda pública requiere mantener la disciplina
fiscal, un aspecto en el que se ha avanzado con la reducción del déficit
público al 2,5 % del PIB en 2018, lo que permitirá a España salir del
procedimiento de déficit excesivo (PDE), algo que oficialmente ocurrirá
en junio cuando lo apruebe el Consejo Europeo.
La
salida del PDE supone pasar del llamado "brazo correctivo" al "brazo
preventivo", con lo que Bruselas seguirá vigilante para que España
cumpla con sus obligaciones: corregir el déficit estructural hasta que
se logre el equilibrio presupuestario, limitar al incremento el gasto
público y reconducir la deuda pública para por debajo del 60 % del PIB. En
este contexto, el nuevo Ejecutivo deberá aprobar en las Cortes una
nueva senda de reducción del déficit público pactada con la Comisión
Europea, dado que es improbable que se pueda lograr el 1,3 % del PIB que
sigue vigente para 2019.
Asimismo, tendrá que decidir
si presenta presupuestos para este mismo año o si decide mantener
prorrogados los de 2018, dado que el tiempo necesario para formar
gobierno y tramitar las cuentas del Estado para 2019 podría llevar a que
solo estuvieran en vigor durante el último trimestre del año.
En
el ámbito laboral, el principal reto pasa por reformar un mercado que
lleva cinco años creciendo a buen ritmo, pero en el que la tasa de paro
se mantiene por encima del 14,7 %, frente al 6,6 % de media europea a
cierre de 2018 (7,9 % si solo se cuentan los países de la zona del
euro).
La elevada temporalidad del empleo, que afecta
al 26 % de los asalariados, y el aumento de los contratos de menos de
una semana, que representan más de 1 de cada 4 de los que se firman cada
mes, están entre los principales problemas del mercado laboral. A
ello se suma el reto demográfico, que difícilmente se podrá afrontar
sin empleos de calidad ni salarios dignos, y sin un sistema fiscal que
recaude lo necesario para asumir la presión en el gasto público que
generará el envejecimiento progresivo de la población.
En
este capítulo, será necesario buscar el consenso social y político para
acometer una reforma de las pensiones que determine qué pensiones se
quieren pagar, cómo se garantiza su revalorización y con qué recursos se
van a financiar. En el plano sectorial, los retos
pasan por concretar el proceso de transición energética, por definir el
modelo de financiación de las infraestructuras o por hacer frente al
incremento del precio de la vivienda y de los alquileres en grandes
ciudades, a lo que se une la desaceleración del turismo en un contexto
de recuperación de otros países competidores.
Además,
el nuevo Gobierno tendrá que reelaborar el mecanismo de apoyo a los
grandes consumidores industriales de energía eléctrica y subastar la
banda radioeléctrica de 700 Mhz, fundamental para la implantación de la
telefonía de última generación (5G) en España, lo que conllevará la
reasignación de las frecuencias de la televisión digital terrestre
(TDT).