EFE | El
Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso de
amparo del expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato contra la
condena a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida en el
caso de las tarjetas "black". En su recurso, Rato alegaba que se había
lesionado su derecho a la intimidad y a la protección de datos, a tener
un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la
libertad personal.Pero en la diligencia fechada hoy, el Tribunal señala
que, una vez examinado el recurso, se desprende una "manifiesta
inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en
amparo".
El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo ratificó
la condena impuesta en febrero de 2017 por la sección cuarta de la Sala
de lo Penal de la audiencia Nacional. Según el veredicto del Tribunal Supremo, el que fuera director
gerente del FMI "mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su
origen", permitiendo a los titulares de las tarjetas utilizarlas en su
beneficio sin necesidad de justificar los gastos, lo cual en aquella
época "estaba fuera de la ley".
De este modo, los condenados por apropiación indebida, incluidos los
otros catorce sobre los que pesan penas de cárcel superiores a los dos
años, actuaron como si fueran "dueños del dinero", invirtiendo los
importes que consideraron oportunos en desembolsos que ellos mismos
decidieron.
En su escrito contra la ejecutoria, la defensa de Rato alegaba la
falta de riesgo de fuga y descartaba la posible desprotección de las
víctimas al ser supuestos "inexistentes" en este caso "como acredita" su
actitud procesal y la reparación del daño, "realizada y garantizada" al
haber devuelto los 99.000 euros de los que dispuso.
El 26 de octubre, Rato ingresó en la prisión madrileña de Soto del
Real, donde antes de entrar pidió perdón "a la sociedad y las personas
que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas", y dijo asumir
"los errores que haya podido cometer".
Actualmente, el que fuera director gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI) está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por la
salida a Bolsa de Bankia, en el que se enfrenta a penas que oscilan
entre los cinco y los doce años de prisión por supuesta estafa a
inversores y falsedad contable.
También se sentará en el banquillo, aunque esta vez ante la justicia
madrileña, por la pieza Zenith-Publicis, que investiga un presunto trato
de favor en la concesión de contratos publicitarios de Bankia a estas
agencias.
Una conducta por la que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él cuatro años de prisión y multa de 2,5 millones de euros.
Asimismo, se encuentra pendiente de cómo evolucionen el resto de
piezas que instruye el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid sobre
el origen de su patrimonio personal.