EFE | Un
grupo de trabajo de la ONU ha calificado de "arbitraria" la privación
de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras,
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, según la resolución a la que hoy ha
tenido acceso Efe.
Este organismo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, considera en el documento que la prisión provisional de los tres
imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que
proceda a su liberación. El grupo de trabajo presentará hoy la resolución en una rueda de prensa
en Londres, y el abogado Ben Emmerson, letrado de los políticos, ha
adelantado a Efe que España puede afrontar una "corriente de condena de
la comunidad internacional" si no los libera.
En su resolución, el grupo pide al Gobierno español que adopte las
medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sánchez y
Junqueras "sin dilación", y considera que el "remedio adecuado" sería
poner a estas tres personas "en libertad y concederles el derecho
efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación" en
virtud del derecho internacional.
Al mismo tiempo, insta al Gobierno a que ponga en marcha una
"investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en
torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados y que
"adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación
de sus derechos".
En su documento, el grupo solicita al Gobierno que le proporcione
"información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las
recomendaciones formuladas" en el texto.
El organismo pregunta en qué fecha se pondrá en libertad a Cuixart,
Sánchez y Junqueras, qué indemnizaciones u otras reparaciones se
concederán a los afectados y si se ha investigado la violación de los
derechos de los tres políticos.
El grupo invita al Gobierno a que le informe de las dificultades que
puede haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones
formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional,
como puede ser con una visita del grupo de trabajo. Pide al Ejecutivo que le proporcione la información solicitada en un
plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este
dictamen, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio
seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación
en relación con el caso.
En su documento, se recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha
alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y
les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario,
tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas
privadas "arbitrariamente de libertad".
El texto se difunde después de que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) rechazara una demanda presentada por el ex presidente
catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal
Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de
2017, en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
El abogado Ben Emmerson, experto en Derecho Internacional y Derechos
Humanos, ha vinculado la conclusión del grupo de la ONU con la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del
que, según ha dicho a Efe, España es firmante. No poner en libertad a los políticos independentistas, ha agregado Emmerson, supondrá "una violación del derecho internacional".
"La marea de condena de la comunidad internacional aumentará muy
rápidamente si España no cumple ahora con sus obligaciones en materia de
Derecho Internacional. Esta no es una cuestión de elección sino una
cuestión de obligaciones legales", ha señalado.
En su opinión, si España no cumple, "entonces ya no tiene el derecho de ser una democracia gobernada por el estado de derecho".
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado
multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, y
establece mecanismos para su protección y garantía.