INFORME ONU
El Gobierno desacredita el informe de la ONU sobre los presos independentistas
EFE | El
Gobierno ha desacreditado el informe de un grupo de trabajo de la ONU
sobre la prisión de los líderes independentistas, que además ve
"especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser
interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha".
Fuentes del Ejecutivo han criticado este informe y han cuestionado su
imparcialidad por considerar que sus redactores no saben los delitos de
los que están acusados los dirigentes independentistas, por creer que en
España es legal la convocatoria de un referéndum independentista y
porque "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes ni la
independencia judicial". Moncloa reclama a los responsables de este informe, que
ha elaborado el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, dependiente
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que "refuercen el rigor,
independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén "alerta" ante los
"intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser
sometidos".
El informe del grupo de trabajo de la ONU
que se ha conocido hoy considera "arbitraria" la privación de libertad
de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez
y Jordi Cuixart. El documento entiende que la
prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y
pide al Gobierno español que proceda a su liberación.
Moncloa ha respondido esta tarde a este trabajo advirtiendo de que los
redactores del informe desconocen los delitos de los que están acusados
los tres dirigentes en prisión preventiva. Según el
Gobierno, el informe también cree que es legal la convocatoria de un
referéndum como el del 1-O "cuando es claramente contraria a la
Constitución Española".
Los autores del informe,
continúa el Ejecutivo, "dan por hecho que las concentraciones celebradas
los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas
en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas
a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales".
Moncloa critica que el documento no tenga en cuenta el principio de
separación de poderes y la independencia judicial, "llegando a pedir al
gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder
Judicial".
Y reprocha también a los autores del
trabajo que den "por cierto" que en España se juzga a las personas por
sus ideas, y no por sus actos, "obviando que quienes en Cataluña tienen y
expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".
"Es especialmente grave que este Grupo de Trabajo haya emitido su
informe poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se
sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes" subraya el
Ejecutivo.
Y añade que esa "lamentable circunstancia podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha".
Por razones como éstas, el Gobierno apunta que este informe del Grupo
de Trabajo de Detención Arbitraria "plantea dudas sobre su independencia
e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los
mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines
espurios". Y hace un llamamiento a los responsables y
a los supervisores del sistema en su conjunto para que "refuercen el
rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén alerta ante
los intentos de "manipulación y desinformación a los que puedan ser
sometidos".
Por su parte, La secretaria de Estado
para la España Plural, Irene Lozano, ha lamentado que el Grupo de
Trabajo haya sido "víctima susceptible a una campaña de desinformación y
manipulación". "El informe está plagado de
inexactitudes y medias verdades hasta el punto de que parece que están
siendo procesados por convocar una manifestación independentista", ha
asegurado Lozano a EFE.
Para la secretaria de Estado
se trata además de un informe que "roza la injerencia en procesos
judiciales en curso y demuestra muy poco respeto al Estado de Derecho y a
la separación de poderes, dado que el Gobierno no pone a presos en la
calle, si acaso, lo harán los jueces". Resulta
evidente, ha opinado Lozano, que es preciso "reformar y mejorar" los
mecanismos de trabajo de este tipo de grupos "para evitar que sean
utilizados para fines espurios y acaben deslegitimados ya que hay mucha
gente en el mundo que, de verdad, necesita de su trabajo y su defensa".