EFE | La
Abogacía del Estado ha fundamentado su acusación por sedición en el
juicio del "procés" frente al delito de rebelión del que acusa la
Fiscalía en la idea de que la violencia no fue "uno de los elementos
estructurales del plan" de los acusados para alcanzar la independencia
de Cataluña.
A juicio de la Abogacía, dependiente del Gobierno, no puede considerarse
probado que los acusados organizasen y contemplasen la violencia "como
un instrumento nuclear" para la consecución de sus fines, ni tampoco que
fuese "idónea, suficiente o proporcionada" para conseguirlos. Es la forma en la que la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa Seoane,
ha defendido ante el Tribunal Supremo la prevalencia del delito de
sedición frente al de rebelión, dos tipos penales que se diferencian
fundamentalmente en la concurrencia de violencia para la consecución de
los fines.
La Abogacía apuesta por la sedición al asegurar que nueve acusados
participaron "de forma absolutamente predeterminada y organizada" en un
"alzamiento público y tumultuario que tuvo lugar el 1-O" con la
"finalidad clara de impedir y neutralizar" el mandato judicial que
ordenaba impedir el referéndum, declarado ilegal.
Seoane, quien ha recordado que la sedición no contempla la violencia
pero sí el uso de la fuerza, ha destacado las "concentraciones masivas
de personas dotadas de cierta organización", preparadas para "impedir la
aplicación de la ley".
Por ello considera que "se dan todos los elementos del delito de
sedición en la forma de proceder el 1-O", donde se ejerció una
resistencia o activa o pasiva a las fuerzas de seguridad del Estado a
través de "una oposición de los concentrados", que, en actitud "clara de
desobediencia", intentaban impedir el cumplimiento de un mandato
judicial, dándose a veces situaciones de gravedad "de mayor o menor
alcance". Para la Abogacía, nueve acusados, con Oriol Junqueras a la cabeza,
son coautores del delito de sedición, ya que todos buscaban la misma
finalidad y "aportaron cada uno dentro de sus ámbitos lo que era
necesario".
Seoane ha destacado aquí el papel "fundamental" de Carme Forcadell
para crear "esa apariencia de legalidad, esa especie de marco normativo
paralelo completamente ilegítimo que daba cobertura" a todo el "procés".
Y respecto a los Jordis, ha subrayado su "capacidad de convocatoria y
liderazgo" durante las concentraciones del 20 de septiembre de 2017
ante registros de dependencias de la Generalitat, cuando se subieron a
vehículos de la Guardia Civil "para alentar a las masas contra la
actuación judicial" y los ciudadanos seguían "a rajatabla sus
instrucciones".
En cuanto al delito de malversación, la abogada del Estado ha
considerado demostrado el perjuicio para las arcas públicas del
"procés", mas allá de los gastos "mínimos" acreditados durante e juicio. "Se ha producido una adscripción generalizada de todos los recursos
humanos y materiales de la Generalitat a ese fin ilícito e ilegítimo
produciendo un perjuicio patrimonial", ha precisado.