EFE | Los
ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) cerraron
oficialmente este viernes el procedimiento de déficit excesivo a España
al constatar que ha dejado atrás el umbral del 3% del PIB, poniendo fin
a una década en la que este proceso ha marcado la política
presupuestaria española.
Aunque la Comisión Europea ya recomendó
la clausura del proceso la semana pasada, son los titulares económicos
de los Veintiocho quienes toman la decisión final, en un trámite
meramente formal. España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5 %
de su PIB, suficiente para abandonar el procedimiento para vigilar los
desvíos superiores al 3 % considerado excesivo según las normas
europeas.
Durante la crisis, la mayoría de países
estuvieron sujetos a este proceso, por el que la Comisión vigila
estrechamente las cuentas públicas y puede exigir ajustes e incluso
aplicar sanciones, pero ahora ya solo permanecía abierto para España. "Se
marca un antes y un después y eso nos permite encarar el futuro en un
marco más positivo desde el punto de vista de la estabilidad fiscal",
dijo la ministra de Economía, Nadia Calviño, a su llegada al Consejo.
"Seguiremos
dentro del brazo preventivo, tendremos que realizar ajustes
estructurales, igual que lo tiene que hacer el resto de Estados
miembros, pero estamos ya fuera de esta fase de corrección que ha
marcado nuestra política fiscal en los últimos años. Es una muy buena
noticia", añadió. La CE activó el procedimiento a
España en 2009, después de que pasase de registrar superávit en 2007 a
un déficit público del 4,4 % en 2008. El desvío llegó al 11 % en el
punto álgido de la crisis y se fue reduciendo progresivamente después,
sobre todo a partir de 2012.
El ritmo de descenso, sin
embargo, fue menor del que exigía Bruselas, lo que llevó a España a
solicitar cuatro prórrogas para cumplir con los objetivos marcados. En
2016, la Comisión llegó a proponer una multa y congelar fondos
comunitarios a España por no haber tomado medidas suficientes para
corregir el déficit, pero finalmente acabó cancelando la sanción.
El
cierre formalizado este viernes concluye una década marcada por la
consecución de estos objetivos fiscales, pero no supone el fin de la
vigilancia comunitaria, que bajo el denominado brazo preventivo se
centrará en evitar que el déficit vuelva a descarrilar. La
Comisión pondrá la lupa en la rebaja del déficit estructural -no
ligado al ciclo económico- y vigilará más la evolución del gasto
público y la reducción de la deuda, que al cierre del primer trimestre
ascendió al 98,7 % del PIB.
Bruselas prevé que el
déficit nominal español baje al 2,3 % del PIB este año y al 2 % el
próximo, pero calcula que el estructural (2,7 % en 2018) aumentará al
2,9 % y 3,2 %, respectivamente. El cierre del
procedimiento a España coincide con la amenaza de la apertura de este
expediente a Italia, en este caso motivado por la abultada deuda pública
del país transalpino, que mantiene desde hace meses una disputa
intermitente con Bruselas por sus cuentas.
Preguntada
al respecto, Calviño consideró que el cierre del procedimiento confirma
la "confianza" y el "interés" de los inversores internacionales por la
deuda española y dijo que, en ese sentido, no tiene "preocupación
especial por la inestabilidad de los mercados financieros". "Pero
todo lo que pueda contribuir a esa inestabilidad no es positivo, y por
eso espero que el proceso que se está poniendo en marcha (de diálogo
entre Bruselas e Italia) lleve a una solución positiva y evite cualquier
atisbo de inestabilidad en los mercados", añadió.
Por
otra parte el Consejo abordó los avances en la cooperación entre once
países de la UE, entre ellos España, para poner en marcha una tasa a las
transacciones financieras a nivel europeo. El proyecto lleva años sobre la mesa sin lograr salir adelante.
Sin
embargo, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, consideró que se
han conseguido progresos y afirmó incluso que es "probable" que los
ministros tengan "éxito" en "otoño" avanzando sobre el modelo de tasa
que aplica desde hace seis años Francia. Francia grava
con un 0,3 % la adquisición de acciones de empresas cuya capitalización
bursátil supera los 1.000 millones de euros y con un 0,01 % las
operaciones sobre valores de alta frecuencia en el mismo día y la compra
de seguros de impago de deuda (CDS) de bonos de países de la UE. Calviño,
por su lado, recordó que el Gobierno quiere introducir esta tasa en
España y, por lo tanto, "lo ideal" sería hacerlo a nivel comunitario.