JUICIO DEL PROCÉS
El Supremo rechaza excarcelar a los presos del "procés" y da vía libre a su traslado
EFE | El
Tribunal Supremo ha rechazado excarcelar a siete de los nueve acusados
del "procés" que solicitaron su libertad tras el fin del juicio y ha
comunicado al Ministerio del Interior su visto bueno para que todos
ellos sean trasladados a cárceles catalanas.
Al no haber diligencias que exijan su presencia, el alto tribunal
considera que no hay "obstáculo" alguno para su traslado a las cárceles
de Lledoners (Barcelona), Mas d'Enric (Tarragona) y Figueres (Girona),
donde se encontraban antes del juicio. Así se lo ha transmitido el juez Marchena en un escrito
remitido al secretario general de Instituciones Penitenciarias,
dependiente de Interior, órgano competente en esta materia, que podría
acometer el traslado en la próxima semana, según indicaron a Efe fuentes
de la Secretaría.
Marchena se ha pronunciado de esta
forma una vez el tribunal ha decidido mantener en prisión a siete
acusados (ni Oriol Junqueras ni Raül Romeva lo solicitaron) dada la
necesidad de salvaguardar los fines del proceso penal, que ahora se
adentra en las fases de deliberaciones a la espera de dictar sentencia
firme. Dicha razón "confiere legitimidad
constitucional a la restricción de libertad" de los encausados, toda vez
que además no se ha "eliminado" ni el riesgo de fuga ni los otros
presupuestos que hacen "aconsejable" esta medida como la reiteración
delictiva.
Respecto a los argumentos del líder de
Òmnium, Jordi Cuixart, y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez en
relación al grupo de trabajo de la ONU que aconsejó su libertad, la Sala
recuerda que su dictamen no tiene carácter vinculante y reprocha que
haga una valoración de los delitos de los que se les acusa "a espaldas"
de la actividad probatoria del juicio. "Mal puede
reivindicarse la libertad de un acusado (...) -dice el Supremo- cuando
lo que se está pidiendo en ese dictamen es que el Gobierno" tome las
medidas necesarias para remediar su situación, lo que supone ignorar
"una de las notas esenciales que definen a cualquier Estado de Derecho":
la separación de poderes.
Sumado esto a que, para la
Sala, "no faltan en el dictamen afirmaciones extravagantes, carentes de
toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal", además
de que olvida que el 1-O fue prohibido por los tribunales y que hace una
"valoración a ciegas" de elementos probatorios del juicio. También rechaza el tribunal que las acusaciones persigan coaccionar a los acusados por sus ideas políticas.
"Solo a partir del desconocimiento de nuestra realidad política y
jurídica pueden suscribirse mensajes de esa naturaleza", dice la Sala,
que recuerda que los acusados defienden las mismas ideas que "los
partidos políticos que sostienen" el actual gobierno catalán.
El Supremo reconoce la influencia de los grupos de trabajo y relatores
de la ONU, pero en este caso da la razón a la Fiscalía, que señaló que
el mencionado grupo era "puramente auxiliar", y recuerda que la Abogacía
solicitó la revisión de su dictamen que calificó de "arbitraria" la
prisión provisional de varios de los acusados, por falta de
imparcialidad de sus redactores al aludir la sospecha de filtración del
mismo por la defensa.