EFE | El
Parlament ha rechazado hoy el decreto ley del Govern para
limitar el precio del alquiler de la vivienda en determinadas zonas al
quedarse en minoría, una iniciativa que ha llegado al pleno con un
informe contrario pero no vinculante del Consell de Garantías
Estatutarias.
El decreto ley del Govern de medidas urgentes en
materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de la
vivienda y de modificación del libro quinto del Código Civil de
Cataluña ha contado solo con el apoyo de los dos grupos que sustentan al
Govern -JxCat y ERC -64 votos-, mientras que la oposición en bloque,
Ciudadanos, PSC, comunes, CUP y PPC, han votado en contra -69 votos-,
aunque por motivos diferentes. El Govern aprobó el pasado 21 de mayo el decreto para
limitar los precios de alquiler en los barrios o en las ciudades donde
se pueda acreditar una falta de vivienda asequible.
La
iniciativa del ejecutivo catalán obligaba a declarar una ciudad o
barrio como "zona con mercado de vivienda tensa" como paso previo para
imponer la contención de precios, con la excepción de Barcelona, cuya
actuación dejaba en manos del ayuntamiento.Como norma
general, el decreto del Govern establecía que el coste de alquiler en
estas zonas sólo podía superar en un 10 % el índice de referencia de
precios, ampliable hasta un 5 % adicional en situaciones excepcionales.
El
decreto ley del Govern ha llegado este miércoles al pleno del Parlament
con un dictamen contrario aunque no vinculante del Consell de Garantías
Estatutarias, que considera que vulnera competencias del Estado y
algunos artículos de la Constitución y del Estatut.Durante
el debate parlamentario, la consellera de Justicia Ester Capella ha
defendido el decreto ley del Govern para poder poner un "límite a los
precios abusivos" y al "aumento desproporcionado de los alquileres" a
fin de garantizar el derecho a la vivienda.
Capella ha
dicho no compartir el informe del Consell de Garantías Estatutarias:
"Tenemos la competencia y nuestra responsabilidad es ejercerla", ha
agregado.Sin embargo, Ciudadanos, el PSC y el PPC se
han acogido al dictamen de este órgano para rechazar el decreto ley del
Govern, y han advertido de que la competencia en esta materia es del
Estado.
Ciudadanos, en este sentido, ha afeado al
ejecutivo catalán la falta de vivienda pública, mientras que el PSC ha
acusado al Govern de aprobar este decreto para buscar un "titular
electoralista". En cambio, Catalunya en Comú Podem y
la CUP han afirmado que comparten la intención del Govern de limitar los
precios del alquiler, pero critican que lo haya hecho sin el apoyo y el
consenso de las organizaciones vinculadas a este sector como la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de
Llogaters.
"Es un decreto vacío de contenidos", "era
un oportunidad pero se ha convertido en un tiro al pie", ha dicho la
diputada de los comunes Susana Segovia, mientras que la diputada de la
CUP Maria Sirvent ha criticado que el índice previsto por el Govern se
base en los precios del mercado.