EUROPA PRESS | La Comisión Europea ha anunciado este lunes la apertura de una
investigación en profundidad para evaluar si el plan de España de
conceder 20,7 millones en ayudas a la planta de PSA Peugeot Citroën en
Vigo cumple con las normas europeas sobre ayudas de Estado con finalidad
regional, según ha informado en un comunicado.
España
notificó en noviembre de 2017 a las autoridades europeas su intención de
conceder 20,7 millones en ayudas públicas a dicha planta dentro de su
proyecto para invertir 500 millones en nuevas líneas de producción para
lanzar nuevos vehículos y en mejoras del proceso productivo de la
fábrica. Los trabajos en ambos casos había comenzado en abril de 2015.
"La Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de
España son realmente necesarias para que Peugeot invierta en procesos de
producción verdaderamente innovadores en Vigo y si van a desarrollar la
región sin falsear indebidamente la competencia o ir detrimento de la
cohesión en la UE", ha resumido la comisaria de Competencia, Margrethe
Vestager.
La danesa ha subrayado que la inversión pública "es
importante para fomentar el crecimiento económico de las regiones
desfavorecidas en Europa", pero el Ejecutivo comunitario debe "evitar
las competiciones perjudiciales" entre los países del bloque
comunitario. Los Estados miembros pueden impulsar el desarrollo económico y el empleo
de regiones consideradas como "desfavorecidas" y fomentar la cohesión
regional a través de ayudas públicas, pero para poder ser aprobadas por
Bruselas deben cumplir determinadas condiciones. Por ejemplo, deben
incentivar la inversión privada, limitarse al mínimo necesario y no
atraer inversión de una región igual o más desfavorecida de otro socio
comunitario.
Sospechas
En concreto, el Ejecutivo comunitario tiene la sospecha de que estas
ayudas pueden haber atraído el proyecto de inversión en detrimento de
otra región europea más desfavorecida. También piensa que PSA podría
haber realizado la inversión en Vigo sin la necesidad de que hubiera
ayudas estatales.
Bruselas también duda de que el nuevo
proceso de producción en la planta sea lo suficientemente innovador como
para que la empresa pueda acogerse a la excepción de las normas que
permite conceder ayudas públicas a proyectos de grandes compañías en
instalaciones ya existentes.
Además, la Comisión no está
convencida de la contribución de dichas ayudas al desarrollo regional,
así como de su idoneidad y proporcionalidad. Por último, no puede
descartar que tengan efectos negativos en la competencia de determinados
segmentos del mercado de turismos. EP