EFE | El
juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha enviado a juicio al
expresidente valenciano Francisco Camps ante el "arsenal de indicios" de
que participó en la presunta adjudicación irregular a la Gürtel de un
expositor en Fitur 2009, hechos por los que la Fiscalía le pide 2 años y
medio de cárcel.
Una vez la Sala confirmó su procesamiento, ahora
De la Mata ha dictado auto de apertura de juicio oral, contra el que no
cabe recurso, con el que envía al banquillo a Camps por prevaricación,
fraude y tráfico de influencias, si bien rechaza hacerlo por
malversación al no haber sido investigado en esta pieza por ese último
delito.
El juez le envía a juicio ante el "arsenal de indicios,
muy consistentes" y cada uno "suficientemente acreditado" de que Camps
participó en la adjudicación del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a
favor de Orange Market, empresa de la Gürtel. Lo
hizo, dice el juez, "para favorecer" a dicha empresa "como venía
haciendo desde 2005 a cambio de su paciencia y resignación ante el
impago de la multimillonaria deuda" que el PP valenciano tenía con
Orange Market, y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de
pago que el partido utilizaba" para ir cancelándola.
Es
más, el juez sostiene que Camps dio indicaciones a la ex directora
general de promoción institucional Salvadora Ibars para ello, como
también piensa la Fiscalía, que cuantifica el montaje de ese stand en
366.529 euros. Para dicha adjudicación, el responsable
de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes; y el contable de
Orange Market, Cándido Herrero, se concertaron con Camps, "como máxima
autoridad autonómica" para que la adjudicación recayese en dicha empresa
"sin procedimiento de contratación alguno".
Y
también, añade el juez, para que ésta no la asumiera la Agencia
Valenciana de Turismo, sino directamente Presidencia de la Generalitat a
través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro
directivo "bajo la autoridad del presidente". Hechos
por los que Camps tendrá que responder ante un tribunal por varios
delitos, entre ellos el de prevaricación ya que la adjudicación se basó
en "actos verbales" que no siguieron ningún procedimiento establecido
por la ley. Una actuación "injusta", dice el juez,
para evitar "que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que
realmente hubieran podido realizar la oferta más ventajosa".
También
el de fraude a las administraciones públicas, pues no descarta un "plan
criminal" entre Camps y su subordinada Ibars para asegurar la
adjudicación a la Gürtel; y el de tráfico de influencias cometido
presuntamente al conseguir que Ibars "diera las órdenes inapelables"
para la adjudicación de los trabajos a Orange Market, "que obtuvo un
beneficio económico directo por ello".
La
investigación contra Camps surgió a raíz de que la Fiscalía instase a la
reapertura de la pieza contra él tras varias declaraciones en el juicio
de la rama valenciana de Gürtel, en el que algunos acusados, como el
propio Bigotes, y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo
Costa, le apuntaron como responsable de adjudicaciones a Orange Market.