CASO PAZO DE MEIRÁS
Fijada para el 31 de enero de 2020 la audiencia previa sobre la propiedad del Pazo de Meirás
EUROPA PRESS | La letrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha
convocado para el 31 de enero de 2020 la audiencia previa al juicio
derivado del proceso iniciado por el Estado el pasado mes de julio para
reclamarle a la familia Franco la propiedad del Pazo de Meirás.
En un auto difundido este jueves, la letrada apunta que la audiencia
tiene como primer objetivo "intentar alcanzar un acuerdo o transacción
entre las partes", además de examinar "las cuestiones procesales" que
puedan impedir el seguimiento del proceso y fijar "con precisión" el
objeto del pleito y "los extremos de hecho y de derecho sobre los que
exista controversia". Además, durante la audiencia se podrá
proponer y admitir prueba y examinar "las cuestiones que, con carácter
excepcional, la ley prevé que puedan plantearse".
La letrada
también informa a las partes de la posibilidad de recurrir a una
negociación para intentar solucionar el conflicto, "incluido el recurso a
una mediación". En ese caso, deberán informar en la mencionada
audiencia de su decisión y explicar sus razones. Contra la resolución
cabe presentar recurso de reposición en un plazo de cinco días.
Procedimiento
El Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco, fue
declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito
-PSdeG y BNG- en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento
gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar
su posible reincorporación al patrimonio público.
En junio del pasado año, la Cámara gallega recibió el dictamen de este
órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar
las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo. Un año
después, a inicios del presente mes de julio, el Gobierno central, a
través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia
Franco en los juzgados da Coruña para reclamar la devolución del Pazo
de Meirás.
La Abogacía del Estado se basa en un documento
datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante
notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría
que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue
"fraudulento", porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del
Estado tras su adquisición por cuestación popular. En la causa también
está personada la Xunta y el Ayuntamiento de Sada. EP