EFE | Una
crisis política sin precedentes en las últimas décadas estalló ayer en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera
constitucionalmente el Congreso y una facción de éste en rebeldía votara
su "suspensión" y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
La larga, tensa y convulsa jornada que vivió el país ha dejado un montón
de heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre
sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la
situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las
decisiones que se tomaron. Solo quedó clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la
gran mayoría población peruana expresó espontáneamente en las calles
después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un
organismo cuyos representantes son odiados y despreciados a partes
iguales por la mayoría de la población.
¿Qué pasó en Perú?
Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas para
el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le
habilitaba a cerrar la cámara si esta le negaba un cuestión de confianza
al gabinete presidido por Salvador del Solar.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso procediera a
elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que la
moción de confianza estaba expresamente vinculada a ese proceso de
elección de jueces, muy cuestionada por las formas y los plazos que se
emplearon en su tramitación.
Para el presidente, los congresistas negaron de hecho con este acto
el pedido de confianza, pese a que luego dieran formalmente en otro
trámite parlamentario su respaldo a la propuesta gubernamental.
El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y
extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar
la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara.
Con la ausencia de casi cincuenta diputados que aceptaron la
disolución, la facción restante votó una resolución para "suspender" por
"incapacidad moral" a Vizcarra y nombraron en su lugar a la
vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones".
¿Cómo se llegó a esta situación?
Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el
Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que
dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido
fujimorista Fuerza Popular y la presidencia en manos de Pedro Pablo
Kuczynski.
Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al
Gobierno y para intentar "gobernar desde el Legislativo", lo que suscitó
el rechazo de la población.
El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país
terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su
vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de
enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.
Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con
el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la
corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para
modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.
Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un
adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso,
propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de
Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas. De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un
procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados
del Tribunal Constitucional.
La cuestión de confianza que planteó Vizcarra y que se debatió hoy era precisamente para evitar esa maniobra.
¿Qué puede pasar ahora?
La incertidumbre es muy amplia. Ninguna de las partes reconoce a la
otra y todo parece indicar que terminará en las manos Tribunal
Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra
hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las
acciones tomadas por el Congreso.
Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso.
Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una
intervención militar. Los medios de comunicación han actuado toda la
jornada con total libertad y lo siguen haciendo y nadie ha sido
detenido.
Vizcarra convocó ya elecciones para renovar el Congreso y le dio fecha, tal y como señala la Constitución peruana.