EFE | El
Departamento de Justicia de la Generalitat ha denegado a Diego Torres,
exsocio de Iñaki Urdangarin, la flexibilización del régimen
penitenciario que solicitó para poder salir diariamente de la prisión de
Brians 2 a trabajar o ejercer de voluntario, permiso del que disfrutó
el exdirigente de CDC Oriol Pujol.
Según fuentes cercanas al interno, la Junta de Tratamiento de Brians 2,
donde Torres cumple la condena de cinco años que se le impuso por el
"caso Nóos", ha acordado esta mañana no modificar el régimen del
condenado, que lleva algo más de un año en prisión. Torres solicitó a la Generalitat que le aplicara el artículo
100.2 del reglamento penitenciario, que permite salir diariamente a
trabajar o a participar en actividades de voluntariado, una medida que
requiere la posterior aprobación por parte del juzgado de vigilancia
penitenciaria.
En su petición, el abogado de Diego Torres argumentaba que su cliente
tenía derecho al mismo trato penitenciario que Oriol Pujol, a quien la
Generalitat concedió el régimen abierto -y, una vez el juez se lo
revocó, el artículo 100.2-, a los meses de entrar en la cárcel para
cumplir la pena de dos años y medio que se le impuso por cobrar
comisiones ilegales en el "caso ITV".
Torres tendrá la oportunidad de recurrir ahora ante el juzgado de
vigilancia penitenciaria la decisión de la Junta de Tratamiento de
denegarle la flexibilización de su régimen.
A diferencia de Torres, su socio al frente del Instituto Nóos Iñaki
Urdangarin disfruta desde el mes pasado de un permiso que le permite
salir dos días a la semana, ocho horas diarias, para llevar a cabo
labores de voluntariado en una ONG.
El esposo de la infanta Cristina lleva desde junio de 2018 en la
prisión de Brieva, situada a diez kilómetros de Ávila, para cumplir la
condena de cinco años y diez meses de cárcel por malversación,
prevaricación, fraude a la administración, delitos fiscales y tráfico de
influencias del "caso Nóos". Torres y Urdangarin fueron condenados por la Audiencia de Palma, en una
decisión que después ratificó el Tribunal Supremo, por desviar fondos
del Instituto Nóos mediante la organización de congresos y eventos
deportivos.