EFE | El
Tribunal de Sesiones de Edimburgo desestimó hoy la demanda
destinada a obligar al primer ministro británico, Boris Johnson, a
solicitar una prórroga del "brexit" en caso de que no haya un acuerdo
con la Unión Europea.
El juez Lord Pentland se pronunció sobre la querella presentada por la
parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el
empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit
"The Good Law Project", Jolyon Maugham, que pretendía forzar al líder
tory a pedir una extensión si Londres y Bruselas no llegaban a un pacto
de salida para el 19 de octubre.
Por su parte, el "premier" insistió hoy en que el Reino
Unido abandonará el bloque comunitario el 31 de octubre, tal y como está
previsto.
Al explicar su fallo, el magistrado consideró que tanto el primer
ministro como el Ejecutivo habían proporcionado "garantías inequívocas"
de que cumplirán con la llamada "legislación Benn", aprobada por el
Parlamento en septiembre, que establece la necesidad de pedir una
prórroga de las negociaciones si no hay consenso para el 19 de octubre.
No obstante, el juez también alertó de que si Johnson no se atiene a
la normativa podría "dañar la confianza mutua" que existe entre las
cortes y los políticos.
En un dictamen escrito, Lord Pentland sostuvo que "no es necesario
ni apropiado" aceptar la citada demanda en base a que el Gobierno ha
indicado que enviará la carta de solicitud de prórroga a la Unión
Europea en caso necesario y que no frustrará el propósito de la ley.
"El tribunal dijo que tiene las promesas del Gobierno de que enviará
la carta ordenada por el Parlamento y actuará de manera que no frustre
la intención del Legislativo de promulgar la llamada 'legislación
Benn'", dijo Maugham tras conocerse la sentencia.
A las puertas del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, agregó que
confía en que esa corte "tenga razón y en que el Gobierno cumpla la ley,
como ha prometido". "Pero existe una duda muy real de que el Gobierno actúe según la
legislación", lamentó, razón por la que mañana presentarán un recurso.
El temor de los demandantes es que el Ejecutivo busque algún
subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicite la prórroga,
evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club
comunitario incluso sin que haya consenso.