EFE | La próxima exhumación de Franco para trasladar sus restos mortales
del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo ha resucitado los
bulos que reivindican el supuesto legado del dictador en las redes
sociales.
Franco creó la Seguridad Social
Aunque es cierto que con Franco se acuñó el nombre de "Seguridad
Social", el origen de las políticas de protección social es muy anterior
a la dictadura. Además, el imperfecto modelo de prestaciones que
después implantó el régimen estaba muy lejos del sistema redistributivo
que conocemos hoy.
Las primeras prestaciones que percibieron los españoles surgieron de la
Comisión de Reformas Sociales constituida en 1883 para estudiar cómo
mejorar el bienestar de la clase obrera. En 1900 se crea el primer
seguro social, de accidentes de trabajo, y en 1908 nace el Instituto
Nacional de Previsión para gestionar las nuevas prestaciones.
Así, surgen seguros sociales como el Retiro Obrero, el Seguro
Obligatorio de Maternidad y el de Paro Forzoso, en este caso ya en la
Segunda República, cuando se produjo un rápido crecimiento del gasto
social que se estancaría en los primeros años de la dictadura.
El régimen franquista amplió el catálogo (con seguros de enfermedad y de
vejez e invalidez) y, ante las discriminaciones y desequilibrios
financieros que provocaron las nuevas mutualidades laborales por
sectores, intentó integrar los diferentes mecanismos de protección a
través de una Ley de Bases de la Seguridad Social, que fue aprobada en
1963 y dio nombre al sistema actual.
Pero este modelo era desequilibrado y tenía duplicidades, mantuvo las
cotizaciones alejadas de los salarios reales de trabajadores y estuvo
infradotado. Así, el gasto social se mantuvo prácticamente estancado
entre 1945 y 1965. El franquismo tampoco estableció impuestos progresivos, ni
transferencias a la Seguridad Social, ni servicios sociales universales,
como ocurría en las democracias europeas. Como resultado, España se
distanció de todos estos países y, en 1966, solo Portugal, que también
era una dictadura, tenía unos niveles de gasto social tan bajos.
A partir de 1967, el gasto social empezó a crecer más rápido y se
recortaron distancias con el resto de Europa, pero no sería hasta la
llegada de la democracia cuando nacería el moderno sistema de la
Seguridad Social, alumbrado a raíz de los Pactos de la Moncloa de 1978,
que racionalizó el modelo e implicó a los agentes sociales.
La universalización del modelo se completó con la Ley General de Sanidad
de 1986, que extendió la cobertura sanitaria a todos los españoles,
aunque no cotizaran a la Seguridad Social, porque su financiación ya no
dependía de las cuotas de trabajadores y empresas, sino directamente de
los Presupuestos Generales del Estado.
Con él no había paro
Es falso que el desempleo en España fuera inapreciable durante el
franquismo. Los datos de la época presentan un paro ínfimo (de apenas el
2,1 % en 1964, según la primera Encuesta de Población Activa) porque no
reflejan la realidad: no tenían en cuenta la participación real de la
mujer en la población activa, ni el subempleo agrario ni el éxodo de
parados a otros países europeos.
Para empezar, las dos décadas de autarquía entre 1939 y 1959 estuvieron
marcadas por un importante "drenaje de población activa", como
consecuencia de las muertes y asesinatos durante la Guerra Civil y la
posguerra. Y a ello se sumó la imposibilidad legal de que una mujer se
registrara como desempleada, salvo que demostrase ser cabeza de familia,
destaca la historiadora Lina Gálvez.
Catedrática de Historia e Instituciones Económicas y autora del artículo
"Con Franco no había paro", Gálvez, actualmente eurodiputada
socialista, recuerda el trabajo sumergido que muchísimas mujeres
realizaban en casa con sueldos de miseria, algunas desde niñas, sin
cotizar y sin derecho a pensión, fuera de toda estadística.
En la etapa del desarrollismo, a partir de 1960, la incesante
emigración, la subestimación del trabajo y desempleo femenino y el
subempleo agrario explican por qué los datos oficiales de paro son tan
bajos, con tasas anuales inferiores al 2 % entre 1965 y 1971. La emigración sirvió de "válvula de escape" frente al paro cuando la
mecanización de las labores agrícolas expulsó del campo a muchos
trabajadores. Entre 1960 y 1967, emigraron a otros países europeos 1,9
millones de españoles, la mitad de ellos "trabajadores de temporada",
mientras que 1,2 millones lo hicieron entre 1968 y 1972.
Tampoco figuraban como parados dos millones de subempleados agrícolas
que, en muchos casos, solo tenían trabajo unos días al año, como los
jornaleros andaluces en las campañas de recolección. En cuanto a las mujeres, a principio de los años 60 desaparece la
prohibición de registrarse como paradas, pero no solían hacerlo. La
dictadura consideraba una anomalía el empleo femenino y los censos
identificaban habitualmente a la mujer como ama de casa aunque fueran la
fuente principal de ingresos familiares y trabajara en la agricultura,
la industria del calzado, el textil... o incluso como cigarrera en la
Fábrica de Tabaco de Sevilla.
Tras la muerte de Franco, la irrupción masiva de las mujeres en las
listas del paro explica en buena parte el diferencial de desempleo con
otros países en los años 80.
Inventó las vacaciones pagadas
Llegaron antes. Ya en la España de 1918, una ley otorgaba 15 días al año
de ausencia laboral a empleados públicos, maestros y militares. Y, en
1919, otra norma concedía un mes de permiso remunerado a oficiales de la
marina mercante. Pero el concepto de vacaciones pagadas se aplicó por vez primera a todos los asalariados con la Segunda República.
Así, la Ley del Contrato de Trabajo de 1931 establecía en su artículo 56
que "el trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete
días", cuya fecha de inicio debía determinar "el patrono, de acuerdo con
el obrero".
Tras la Guerra Civil, tuvieron que pasar cinco años hasta que Franco
regulara este derecho. Y lo hizo con un decreto de enero de 1944 en el
que reafirmaba la concesión de un "permiso anual retribuido al menos de
siete días laborales ininterrumpidos". Fue después de la muerte de Franco, cuando se amplió a 21 días la
"duración mínima de las vacaciones" con la ley de Relaciones Laborales
de 1976 y a 23 días con el Estatuto de los Trabajadores de 1980. El
actual mes de vacaciones fue garantizado por el Gobierno socialista de
Felipe González en una norma de 1983 bautizada con un nombre muy
elocuente: "Ley de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas
y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días".
Y nos metió en la ONU
Más bien al contrario: precisamente por estar sometida al régimen de
Franco, España tardó 10 años más que Francia y el Reino Unido en formar
parte de las Naciones Unidas. El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU -organización
fundada por 51 países un año antes, tras la Segunda Guerra Mundial-
dedicó a España la resolución 39, en la que "recomienda que se excluya
al Gobierno español de Franco como miembro de los organismos
internacionales establecidos por las Naciones Unidas" hasta que se
instaure en el país "un gobierno nuevo y aceptable".
En la misma resolución, se recomendaba a todos los países miembros de la
ONU retirar "inmediatamente" a "sus embajadores y ministros
plenipotenciarios acreditados en Madrid". Este texto, aprobado con 34 votos a favor -entre ellos EEUU-, seis en
contra y 13 abstenciones, argumentaba que la dictadura de Franco era "un
régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la
ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de
Mussolini", y que el dictador español había prestado "una ayuda
considerable" a las "potencias enemigas" durante la Guerra Mundial.
Así, detallaba que, de 1941 a 1945, la División Azul, la Legión Española
de Voluntarios y la Escuadrilla Aérea Salvador "pelearon en el frente
oriental contra la Rusia soviética". Y también que, en el verano de
1940, "España se apoderó de Tánger en violación del estatuto
internacional". "Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y
Mussolini, parte culpable en la conspiración de guerra contra aquellos
países que finalmente, en el transcurso de la Guerra Mundial, formaron
el conjunto de las Naciones Unidas", añadía aquella resolución de la
ONU.
El contexto político internacional hostil a Franco cambió con la Guerra
Fría. EEUU empezó a valorar la importancia geoestratégica de España como
una pieza muy útil en su lucha contra el comunismo y promovió años más
tarde que las Naciones Unidas levantaran su veto al régimen franquista.
Como consecuencia, la Asamblea General de la ONU aprobó el 4 de
noviembre de 1950 la resolución 386, que revocaba tanto la recomendación
de impedir que España fuera un país miembro como la de retirar a los
embajadores acreditados en Madrid. Este acuerdo fue aprobado con 38
votos a favor, 10 en contra -entre ellos la URSS, Israel, México y
Uruguay- y 12 abstenciones, entre las que destacaban el Reino Unido y
Francia. EFE