CATALUÑA
El Gobierno lleva al TC los últimos acuerdos del Parlament sobre el procés
EFE | El
Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional otros dos
incidentes de ejecución de sentencia para anular los acuerdos del
Parlament que reivindican la "legitimidad de la desobediencia civil e
institucional" y para que avise a la Generalitat de que puede incurrir
en un delito.
Así lo ha informado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen
Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Ministros, en la que ha subrayado que las resoluciones que aprobó el
Parlament el pasado 26 de septiembre y publicadas el 4 de octubre "en
absoluto se corresponden con nuestra legalidad constitucional". Ese día, la cámara catalana dio luz verde una resolución en la que la
que reclamaba la "legitimidad de la desobediencia civil e
institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales" y
otra una respuesta institucional a la sentencia del 'procés' que pase
por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una
"amnistía" si hay condenas.
Unas decisiones sobre los que, ha recordado, el TC ya ha dictado
sentencias "que dicen claramente" que son constitutivas de delito porque
tienen que ver con "planteamientos que debaten sobre el derecho a la
autodeterminación, que no existe obviamente en nuestro modelo
constitucional e impulsan a la desobediencia institucional".
La nueva petición del Gobierno, ha proseguido, "afecta de manera
importante" al Ejecutivo catalán, puesto que reclama que "se aperciba y
se recuerde" que "puede terminar obviamente en el propio Código Penal"
por esos delitos en los que se pueden incurrir. Unas "situaciones que
nadie quiere, que no queremos y que tenemos por todos los medios a
anticiparnos a ellas", ha recalcado.
Estos dos nuevos incidentes de ejecución se suman a los anunciados la
semana pasada contra otras tantas resoluciones del Parlament, pero no
hacen referencia a la resolución en la que ese mismo 26 de septiembre
pidió la "retirada" de los efectivos de la Guardia Civil que se
encuentran en Cataluña.
Calvo ha explicado que este acuerdo no es recurrible porque la salida
de la Guardia Civil de Cataluña es una "posición tan inaceptable,
inasumible" y no es más que "un deseo político aberrante".
"La salida de la Guardia Civil no está a su alcance, puede estar en
su deseo político, pero no está ni de lejos al alcance del Parlamento de
Cataluña, de la Mesa ni del Govern de la Generalitat", ha zanjado para
añadir que ninguno de ellos puede "pedir ni hacer nada contra un cuerpo
de las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional".