EFE | El
Gobierno ha superado hoy el último trámite para que las
comunidades autónomas dispongan de los 4.682 millones de euros
correspondientes a entregas a cuenta de este año y lo ha logrado tras
aprobar la Diputación Permanente, en plena precampaña electoral, el real
decreto ley que actualiza estos anticipos.
El real decreto ley, aprobado casi por unanimidad (con la única
abstención de Bildu), ha abierto un debate en el seno de la Diputación
Permanente donde la oposición en bloque ha acusado al Gobierno de
recurrir a una medida "electoralista" en precampaña dado que este
asunto, han dicho, se podía haber desbloqueado mucho antes. Con el visto bueno al real decreto ley, las autonomías
de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) recibirán el 50
por ciento de los 4.682 millones de euros en noviembre, posiblemente
antes de la cita electoral del 10N, y la otra mitad a lo largo del mes
de diciembre.
Además, el decreto ley contempla dar a los ayuntamientos 821 millones de euros también correspondientes a entregas a cuenta.
Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que
este decreto ley "sienta precedente" para que comunidades y consistorios
no vuelvan a ser "víctimas" del bloqueo presupuestario o institucional,
la oposición ha coincidido en que el Gobierno "tiraba la casa por la
ventana" ante el nerviosismo electoral.
Y han
justificado el voto a favor en que ni un día más, las comunidades y los
ayuntamientos podían tener "secuestrados" sus recursos, con lo que eso
podría afectar a los servicios públicos. A esto, la
ministra de Hacienda ha dejado claro que en ningún momento los servicios
públicos de las comunidades han estado comprometidos.
"Ni la actualización de las entregas a cuenta ha estado vinculada a
ningún tipo de chantaje, como algunos quieren trasladar", ha dicho
Montero. Sin embargo, la oposición, especialmente el
portavoz económico del PP, Mario Garcés, ha insistido en que el proceso
de desbloqueo llegó a salpicar a la Abogacía del Estado, con un informe
en el que se "escudó" el Gobierno "que ni aparecía, ni tenemos".
Montero ha incidido en que convocadas las elecciones del 10N "liberar
esos fondos" ya no condicionaba a un nuevo Ejecutivo (como había
advertido la Abogacía del Estado en el mes de agosto) y no pagar
"pondría en apuros" a las autonomías, lo que ha justificado la
"urgencia" de la medida. Para el portavoz económico
de Cs, Marcos de Quinto, el decreto aprobado "no es una solución sino un
mero parche" y ha reprochado al Gobierno la "bochornosa gestión" que ha
puesto de relieve su "hipocresía", ha dicho, con cambios de criterio
"según les convenía" y el "ventajismo político" exigiendo una
investidura gratis a cambio de desbloquear los fondos.
Desde Unidas Podemos, el diputado Antonio Gómez Reino ha acusado al
Gobierno de "faltar a la verdad" y de "clamoroso electoralismo",
mientras que por parte del grupo mixto, el portavoz de Compromís, Joan
Baldoví, ha situado la aprobación del decreto "en el milagro de las
elecciones". "Se podía y se debería haber hecho
antes", ha asegurado Baldoví, que se ha referido a los pequeños
proveedores que "en este tiempo no han podido cobrar".
La diputada de JxCat, Laura Borràs, ha afirmado que la aprobación en el
último trimestre no contribuye a la estabilidad, a la que tampoco
ayuda, en su opinión, la "negativa" de Sánchez de reunirse con el
presidente de la Generalitat, Quim Torra. En la
misma línea, la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua (que se ha
abstenido), ha derivado la intervención sobre financiación autonómica a
"la crisis democrática" que, a su parecer, se constata en las condenas
de Alsasua y en la "suspensión de libertades y el escarmiento" que estos
días vive el pueblo de Cataluña.