EFE | La
jueza María Tardón ha rechazado imponer medidas cautelares a Gonzalo
Boye, abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, por lo que tras
declarar como imputado por blanqueo del narcotráfico presuntamente
relacionado con la causa de Sito Miñanco, podrá seguir viajando a
Bélgica para asistir al expresident.
La Fiscalía Antidroga había pedido a la magistrada que decretase
comparecencias quincenales ante el juzgado para Boye, si bien Tardón ha
decidido no poner ninguna medida cautelar al letrado, que ha negado ante
los periodistas que vayan a encontrar "ningún indicio de criminalidad
porque no lo hay". Boye, que hace unas semanas dejó de representar a Sito Miñanco, ha
indicado ante los medios que su imputación "no debería" tener que ver
con el hecho de ser abogado de Puigdemont.
"Creo que no debería ser así y que la propia decisión de la juez deja
muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para
limitar mi ejercicio profesional ni de movimiento y en ese sentido
estamos muy contentos también", ya que eso significa podrá seguir
asistiendo en Bélgica al expresidente catalán.
Fuentes jurídicas han informado que el propio Boye ha pedido a la
jueza que no tenga en cuenta toda la documentación relacionada con la
defensa de Puigdemont o de otros clientes que el letrado tenía en sus
dispositivos electrónicos, cuya información se volcó el pasado lunes en
el registro a su despacho y domicilio.
El que fuese letrado del histórico narcotraficante gallego José
Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, hasta hace dos semanas, está siendo
investigado por la Audiencia Nacional por su supuesta relación con un
presunto blanqueo de 889.470 euros, intervenidos a presuntos miembros de
la organización en el aeropuerto de Madrid cuando se disponían a viajar
a Bogotá.
Teoría que el letrado rechaza de plano, como manifestó en un escrito
remitido el pasado julio al juzgado, en el que negaba las acusaciones
que un investigado en la causa de Sito Miñanco presuntamente había
vertido contra él y que le relacionaban con el blanqueo.
Según indican fuentes jurídicas, en su declaración Boye se ha
remitido a dicho escrito y ha manifestado que cuando se levante el
secreto de la causa -decretado en febrero de 2018- pedirá declarar
voluntariamente, si bien valorará en qué grado podría afectar el secreto
profesional como abogado.
No se le ha preguntado -prosiguen las fuentes- por una anotación que
presuntamente se halló en el marco de la investigación y que decía
"Gonzalo, 10.000 euros", si bien las fuentes creen que no sería extraño
que pudiese estar relacionada con la defensa que el letrado ejercía para
algunos de los investigados en la causa, incluido Sito Miñanco.
En el escrito, al que tuvo acceso Efe, Boye ponía de manifiesto que
fue contratado para "recuperar un dinero incautado" y remitió al SEPBLAC
(servicio de prevención de blanqueo) la documentación que le
proporcionaron sus clientes (pagarés y contratos de crédito). Antes de
Boye han declarado otros dos investigados por blanqueo que podrían estar
vinculados con dichos contratos, según las fuentes.
Lo que ocurre es que el SEPBLAC constató que dicha documentación ya
había sido utilizada años antes, por lo que Boye se lo comunicó a sus
clientes y pidió que aportaran nuevos documentos que justificasen el
origen del dinero, según las fuentes consultadas. El propio Boye ha explicado a los medios que se le investiga por "la
existencia de unos contratos. Unos pagarés, que se habrían visado para
la recuperación de dinero en el SEPBLAC, que en su día consideró que
esos hechos no eran constitutivos de delito y que simplemente era una
sanción administrativa a la personas que llevaban dinero".