BANCA
La cúpula de Caixanova, a juicio por una operación urbanística
EFE | La
Audiencia Nacional juzga desde este lunes al expresidente de Caixanova
Julio Fernández Gayoso y tres exdirectivos de la entidad por presunta
administración desleal continuada en una operación urbanística en el
municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, que causó un perjuicio de 41,8
millones de euros.
La sección cuarta de la sala de lo Penal será la encargada de celebrar
la vista -que se prolongará durante varios días en noviembre-, en la que
también se sentarán en el banquillo los ex directores generales de
Caixanova Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, y el que fuera consejero
de la financiera inmobiliaria Domingo González Mera. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la abogacía del
Estado piden para cada uno de ellos cuatro años de prisión, en tanto que
Abanca, como heredera del quebranto patrimonial tras integrar
Novacaixagalicia, tres.
Se trata de una de las siete
operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) al Ministerio Público a raíz de las
investigaciones crediticias a Caixanova iniciadas en diciembre de 2010.
Los acusados habrían participado en 2007 en la concesión de un préstamo
por importe de 67,1 millones de euros para la compra de un solar a una
sociedad participada por varias mercantiles vinculadas a la caja
gallega, entre ellas Gorrigebe, cuyo único propietario era Antonio
Gorriarán, hermano de uno de los investigados.
En la
instrucción se desveló que los riesgos de esta operación no fueron
explicados al consejo de administración ya que con carácter previo a la
aprobación del préstamo, Caixanova se sirvió de análisis incompletos,
pues no se distinguía el valor entre las fincas y se basó en una
tasación que advertía de la necesidad de recabar cédula urbanística.
Tampoco se valoró que los prestatarios presentaban problemas de
liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en
un momento en el que ya era patente la ralentización de las ventas en el
sector y las incertidumbres como consecuencia de la crisis.
Las irregularidades, apuntan las acusaciones, habrían proseguido tras
la constitución del contrato, con sucesivas modificaciones de los
términos sin previa consulta al consejo, al que tampoco se advirtió de
una segunda refinanciación de la que no existe solicitud expresa y que
fue formalizada fuera de los cauces por González Mera y Pego.
Ante la imposibilidad de devolver el dinero, los gestores habrían
ideado y ofrecido a los deudores una salida que les permitiera liberarse
de sus obligaciones sin importarles que tal alternativa afectara
negativamente a los intereses patrimoniales de la entidad.
En julio de 2017 y dada su avanzada edad, Fernández Gayoso salió de
prisión, donde ingresó siete meses antes por un delito de apropiación
indebida, por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias, causa en
la que también fueron condenados Pego y Gorriarán.
Gayoso, Gorriarán y Pego están procesados además por delito societario y
blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada que
generó un perjuicio de 80 millones de euros.