EFE | El
exdirector general adjunto de Caixanova Gregorio Gorriarán ha avalado hoy en la Audiencia Nacional el préstamo de 67 millones de euros
concedido para una operación inmobiliaria en Rivas (Madrid), finalmente
fallida, pues era muy "interesante" tanto por el importe como por lo
"que llevaba detrás".
El exdirectivo, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro
años de prisión por administración desleal continuada, ha incidido en el
interés que presentaba este proyecto para la caja gallega -que acabó
sufriendo un perjuicio de 41,8 millones-, y ha añadido que él
personalmente la valoró de forma positiva en base a un primer informe de
tasación. La de Rivas es una de las siete operaciones sospechosas
notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al
Ministerio Público a raíz de las investigaciones crediticias a
Caixanova, iniciadas en diciembre de 2010.
En su
escrito, la fiscal Inmaculada Violán considera que, tanto Gorriarán como
el que fuera presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso, su ex
director general José Luis Pego y el entonces consejero de la financiera
inmobiliaria Domingo González Mera, habrían otorgado un préstamo de
67,1 millones para la compra de un solar a Rivas ACI, sociedad
participada por varias mercantiles vinculadas.
Para
Anticorrupción, los riesgos de esta concesión no fueron explicados al
Consejo de Administración puesto que, con carácter previo a su
aprobación, Caixanova se habría servido de análisis incompletos que no
distinguían el valor entre las fincas y se basaban en una tasación que
incluso advertía de la necesidad de recabar una cédula urbanística.
Tampoco se habría valorado que la sociedad prestataria, en la que
participaba, entre otros, Gorrigebe, propiedad del hermano de Gorriarán,
presentaba problemas de liquidez y solvencia, con un elevado
endeudamiento financiero propio, en un momento en el que era patente la
ralentización de las ventas de inmuebles por la incertidumbre que
planteaba la crisis. Un extremo que ha sido rechazado
por Gorriarán que, con un recurrente tono airado, ha reconocido que
aunque les llegaron algunas alertas de analistas que advertían de un
frenazo en el sector, Caixanova descartó las dudas tras conocer la
opinión del tasador de Rivas ACI.
"(El tasador) Dijo
que durante la construcción de la urbanización se iba a dar la venta del
75 % de los 420 pisos, y que el resto se iba a vender en un periodo de
siete meses desde la conclusión de la obra. No voy a llevarle la
contraria", ha argumentado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal
para defender que la operación era razonable.
Asimismo, el exdirectivo ha negado que estuviera al tanto de los
negocios de su hermano, pues éste "no me comentaba nada ni de esto ni de
las 24 promociones inmobiliarias que estaba desarrollando en otras
zonas", como Cantabria, Asturias y el País Vasco. No
obstante, ha reconocido que fue él quien le presentó a uno de los socios
de la promoción "pero como persona", sin vinculación con ningún tema
profesional, ya que su hermano "era una persona conocida" que "ha jugado
años en Primera División".
Durante la sesión, el
tribunal ha rechazado apartar del proceso a González Mera, cuyo letrado
había alegado en el trámite de cuestiones previas una posible
prescripción de los hechos. En opinión de la sala,
que sí ha admitido la incorporación al procedimiento de nueva
documentación, declarar prescritas las acusaciones sería "descafeinar"
el juicio, tal como ha comunicado a las partes la magistrada Teresa
Palacios. Al igual que la Fiscalía, la Abogacía del
Estado, en representación del FROB, pide para los exdirectivos cuatro
años de prisión por la gestión fraudulenta del patrimonio de la caja,
pena que Abanca, en calidad de heredera, rebaja a tres años de cárcel.