EFE | El
expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha defendido hoy la
ampliación de capital de 2016, que se hizo con cálculos de auditoría
interna, y ha alegado que su éxito dependía del frustrado Proyecto
Sunrise o "banco malo", que su sucesor, Emilio Saracho, no tuvo
intención de ejecutar.
Según han informado fuentes jurídicas, Ron, que ha incidido en la falta
de transparencia que imperó en su salida de la entidad, ha asegurado que
las tasaciones de las que advirtieron en su peritaje los expertos
cedidos por el Banco de España estaban bien hechas y que el 98 % de los
tasadores eran reconocidos internacionalmente. En torno a este hecho ha girado buena parte del interrogatorio del
juez José Luis Calama, que se ha centrado en los posibles problemas que
arrastraban las tasaciones de la entidad el mismo año de la ampliación
de capital.
Los expertos del Banco de España advertían en su informe que aunque
no era "posible cuantificar el impacto de los incumplimientos a la
normativa a diciembre de 2016, en especial la sobrevaloración de las
tasaciones, se puede tomar como máximo la estimación incluida en el plan
de negocio aprobado el 31 de mayo de 2017 en el que se cuantificaban
pérdidas de 1.915 millones" por las provisiones de inversión crediticia y
adjudicados de 4.180 millones.
Un importe que, "al igual que los 5.254 millones registrados en el
ejercicio 2016, estaba vinculado en su mayoría a los activos
inmobiliarios y créditos concedidos a empresas de este sector durante la
fase expansiva de la economía que finalizó abruptamente en 2007", reza
un párrafo del resumen ejecutivo que ha sido leído por el magistrado.
Según han explicado a Efe fuentes presentes en la declaración, Ron ha
asegurado que nunca conoció las supuestas sobrevaloraciones a las que
hace alusión el peritaje, pues en sus reuniones con los responsables de
la auditoría interna del Popular éstos le comunicaban otra cosa.
El que fuera presidente del histórico banco entre 2004 y 2017 también
ha querido hacer alusión a su marcha de la entidad y al posterior
relevo por el equipo dirigido por Emilio Saracho, quien aunque accedió
de forma efectiva al cargo en febrero de 2017, ha indicado, ya mandaba
en el banco "desde el 1 de diciembre de 2016".
Sobre ello, se ha remitido a un correo de la Sindicatura de
Accionistas del Popular a la entonces presidenta de la Comisión de
Nombramientos, Reyes Calderón, en el que se desaconsejaba la premura en
el cambio.
"Estimada Reyes (...) temo que se empiece mal la reingeniería de todo
un proceso llevado de una forma incompatible incluso con los estándares
menos exigentes de gobierno corporativo", comienza el documento,
firmado por el representante de la Sindicatura, José Francisco Mateu, y
con fecha 25 de noviembre de 2016.
En la comunicación, Mateu critica que se planteara este hecho sin
contar con la presencia de todos los consejeros, una precipitación que
considera "inaceptable desde cualquier punto de vista que se mire".
"Mal empezaríamos a hacer las cosas, como nuestro nivel de
responsabilidad nos exige, si desde el minuto cero dificultamos la
asistencia al debate a todos los consejeros", prosigue el representante
de la Sindicatura, que subraya la importancia de alcanzar un consenso
para "reducir el riesgo de divorcio" entre Comisión y Consejo de
Administración.
Tras la lectura, Ron ha explicado que detrás de su cese como
presidente estaban tanto Reyes Calderón como el empresario mexicano
Antonio del Valle, que llegó a ser el máximo accionista individual del
Popular.
Ambos orquestaron el relevo con total falta de transparencia, ha
dicho el expresidente, que ha denunciado que no sólo éstos mantuvieron
reuniones a las que él no fue convocado, sino que Del Valle, al que ha
acusado de servirse de la prensa en su beneficio, le habría amenazado
para que saliera de la entidad.
En opinión de Ron, el mexicano quería quedarse a toda costa con el
banco, a lo que le sugirió que si esa era su voluntad, que lanzara una
OPA.
La declaración del banquero, al que la Audiencia Nacional investiga
desde hace dos años por presuntas irregularidades en la ampliación de
capital de 2016, continuará este jueves con las preguntas de la Fiscalía
Anticorrupción y de su defensa, ejercida por los letrados José Antonio
Choclán y Javier Velasco.