CASO ALCOA
Feijóo, sobre Alcoa: "La situación ya no es de urgencia, es de emergencia"
El presidente del Gobierno gallego, Núñez Feijóo, expuso hoy
la situación de emergencia en la que se encuentra el sector
electrointensivo y urgió al Gobierno central que cumpla con lo
comprometido: estabilidad en los precios de la energía y volver al
sistema de interrumpibilidad anterior, más presupuesto para CO2 y la
aprobación de manera inmediata de un estatuto electrointensivo.
Tras
una reunión con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao, en la que
también estuvo el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco
Conde, Feijóo aseveró que con estos instrumentos se garantiza la
estabilidad de la compañía, recordando que Alcoa en Avilés y en A Coruña
ya no hacen aluminio primario; “y lo que falta es que también se cierre
la única industria de aluminio primario que existe en España que es
Alcoa en San Cibrao”, sentenció, haciendo hincapié en la necesidad de
volver a garantizar el precio de la energía a 35€/megavatio, cuando
ahora está por encima de los 50€/megavatio.
“íbamos a tener un
estatuto electrointensivo en el mes de abril y estamos en diciembre y no
tenemos noticias; se planteó una subasta de interrumpibilidad con las
mismas condiciones que la subasta anterior y resulta que, en vez de
sacar 2.300 megavatios, se sacaron 1.000 megavatios.
Ni estatuto
electrointensivo, ni subasta de interrumpibilidad, ni agotar las
cuantías admitidas por Europa para indemnizar por CO2”, explicó,
insistiendo en que ninguno de estos instrumentos se están empleando
conforme a los compromisos que el Gobierno asumió con la Xunta y con
Alcoa.
Feijóo expresó la preocupación ante la ausencia de una
política industrial y energética por parte del Estado. “Y lo que es más
grave, la política energética e industrial que está mostrando está
destruyendo el empleo industrial no solo en Galicia, sino en toda la
cornisa cantábrica: en Asturias, en Cantabria y en Galicia”, matizó,
trasladando el deseo de que el Gobierno central pare esta deriva e
indiferencia perjudicial para los trabajadores, las familias, las
comarcas y para la economía gallega y española en su conjunto.