EFE | La Fiscalía cree que la sentencia en la que la Justicia europea admite
que Oriol Junqueras era eurodiputado desde que se proclamaron los
resultados no implica su excarcelación pues sobre él ya pesa una condena
firme, y ha pedido al Supremo que ejecute la pena de inhabilitación a
la que le sentenció. Pocas horas después de conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), los cuatro fiscales del caso han remitido un
escrito a la Sala que juzgó y condenó a 13 años de prisión e
inhabilitación al exvicepresidente de la Generalitat por el "procés" en
el que consideran que su situación no ha cambiado.
Admiten que el TJUE dice que Junqueras debió ser reconocido
eurodiputado -y, por tanto, protegido por la inmunidad parlamentaria-
desde que se proclamaron los resultados de los comicios europeos, y que
si el Supremo "considerara necesario mantener la medida cautelar de
prisión provisional habría de solicitar a la mayor brevedad al
Parlamento Europeo la suspensión de dicha inmunidad".
Sin embargo, recuerdan que sobre Junqueras ya no pesa ninguna medida
cautelar pues no está en prisión provisional, sino cumpliendo una
condena firme. Por ello, la Fiscalía pide que se ejecute su pena de inhabilitación y
urgen a que se remita la sentencia del caso al Parlamento Europeo "a
fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su
condición de europarlamentario".
Además, indican que -según lo dictado por el TJUE- Junqueras obtuvo
la condición de eurodiputado cuando la causa del "procés" ya estaba
juzgada en el Supremo y vista para sentencia, por lo que la inmunidad
que el TJUE reconoce a los eurodiputados en sus desplazamientos a la
Eurocámara "no hubiera impedido, en ningún caso, la continuación del
procedimiento hasta el dictado y ejecución de la sentencia".
Recuerdan los fiscales que la ejecución de la pena de inhabilitación
se encuentra suspendida por el Supremo a la espera de la sentencia del
TJUE y, una vez ésta ya ha sido conocida, piden que se ejecute dicha
condena de forma que el líder de ERC no pueda ocupar ningún cargo
público. Además de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Vox -acusación popular- y
la defensa de Junqueras deben dirigir en un plazo de cinco días sus
alegaciones al Supremo, que ha anunciado que estudiará "en profundidad
el contenido íntegro de la sentencia del TJUE" y que, una vez recibidos
los escritos de las partes, "se acordará lo procedente".