CASO GÜRTEL
El juez finaliza la instrucción del caso Gürtel procesando a 21 personas por delito fiscal
EFE | El juez José de la Mata ha concluido la instrucción del caso Gürtel
con el procesamiento de 21 personas físicas y 19 jurídicas por delito
fiscal, delito continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo,
entre ellos los principales cabecillas de la trama, Francisco Correa y
Pablo Crespo.
Según el magistrado de la Audiencia Nacional, Correa habría percibido
al menos 30,9 millones por su intermediación en la concesión de
adjudicaciones irregulares, el cobro de comisiones y la la actividad de
sus sociedades de eventos y viajes, de los que presuntamente defraudó
24,8 millones en concepto de IRPF desde 1999 a 2009 y de Impuesto sobre
el patrimonio (IP) de 2000 a 2007. En un auto notificado este lunes, el magistrado ha acordado el pase a
procedimiento abreviado de la pieza principal de Gürtel, la última que
quedaba por concluir, de la que finalmente han quedado fuera 28 personas
ante la falta de indicios.
Entre esos 28 destacan Álvaro Pérez, El Bigotes, y Cándido Herrero,
ex propietario y exgerente de la empresa de Orange Market, la empresa de
la trama Gürtel en Valencia. El juez ha archivado esta causa para ellos porque los hechos que se
les atribuían han sido investigados en otras piezas de Gürtel, y ha
acordado asimismo el sobreseimiento respecto al exdiputado del PP Jesús
Merino y al exconsejero de la empresa Dregemont Plácido Vázquez, en su
caso por prescripción.
También han quedado fuera varios trabajadores de las sociedades que
participaron en la gestión y administración de las empresas de del
conocido como "Grupo Correa", al no quedar acreditado que fueran
conscientes del objetivo defraudatorio llevado a cabo por sus
responsables. Entre los investigados a los que De la Mata propone juzgar figuran,
además de Correa y Crespo, sus asesores fiscales Luis de Miguel y el
blanqueador de la trama y exvicepresidente de Repsol YPF Jose Ramón
Blanco Balín.
También han sido procesados empresarios y testaferros que
participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los
fondos. Lo que se ha investigado en esta última pieza son los posibles
delitos contra la Hacienda Pública que pudieron haber cometido Correa y
Crespo para ocultar su patrimonio; que en gran parte presuntamente
procede, indica el juez, de las actividades ilícitas investigadas en las
otras piezas de Gurtel.
Según el magistrado, la finalidad del grupo era enriquecerse
ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, "con
quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en
materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar
los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos
ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida
mercantil lícita".
Esos fondos tendrían su origen en el cobro de facturas falsas y en el
de comisiones indebidas no declaradas a la Hacienda Pública. En el caso de Correa y Crespo, el magistrado les imputa un delito
contra la Hacienda Pública a título de autores al considerar acreditado
que las cantidades multimillonarias que obtuvo Correa "las percibió
ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y
financiera, justamente para conseguir defraudar a Hacienda simulando la
inexistencia de ingresos".
De hecho, según recuerda el juez, no presentó ninguna declaración
tributaria desde al menos el año 1999, ocultando sus ingresos y rentas. Respecto a Crespo, el juez también sostiene que ocultó una parte de
sus recursos económicos que procederían de su intermediación en
adjudicaciones irregulares y de inversiones realizadas con Correa, y
procesa como cooperadores necesarios del delito contra la Hacienda
Pública a los asesores fiscales De Miguel Pérez y Blanco Balín.
Sobre el delito de blanqueo, el magistrado describe una estrategia
planificada bajo la dirección de Correa y Crespo, regida por el
principio de jerarquía y con la misión claramente definida de
"enriquecimiento de su líder, Correa Sánchez". En esa operativa de blanqueo el magistrado destaca el papel de sus
asesores jurídicos también investigados, la utilización de una compleja
estructura de sociedades interpuestas o de inversiones directas en el
exterior, préstamos concedidos a no residentes, financiación concedida a
filiales residentes, mezcla de dinero lícito e ilícito, inversiones en
el sector inmobiliario y uso masivo de efectivo como medio de pago.
La notificación de este auto ha coincidido con el inicio del juicio
por la contratación de la trama Gürtel para actos relacionados con la
visita del Papa a Valencia en 2006. Con esta última pieza, quedan por juzgar del caso Gürtel las
contrataciones irregulares de la trama en las localidades madrileñas de
Boadilla y Arganda, y la causa abierta al expresident de la Generalitat
Valenciana Francisco Camps por supuestas irregularidades en
adjudicaciones para Fitur de 2009.