VIOLENCIA | MENORES
La ley contra la violencia oculta: el 50% víctimas de agresión sexual son niños
EFE | La mitad de las denuncias por agresión sexual en España tienen como
víctima a un menor de edad y esa cifra solo saca a la luz una pequeña
parte de las que ocurren realmente, ya que solo el 15 % de los abusos a
niños y adolescentes llega a conocerse. Para perseguir esas conductas y cualquier otra situación de violencia
contra los niños, la ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia que se aprueba la próxima semana refuerza el
ordenamiento jurídico y será clave para ofrecer una protección a los
menores en ámbitos como la escuela, la familia, el deporte o las
actividades de ocio, coinciden los expertos consultados por Efe.
"Si algo nos ha enseñado esta crisis sanitaria y su
consecuente confinamiento es que la violencia contra la infancia sigue
siendo una realidad invisible en España. Los niños no pueden esperar, es
ahora cuando debe producirse este cambio político, legislativo y
social, por una ley que proteja a la infancia frente a la violencia",
asegura Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia de Save the
Children. Por ello cree que el proyecto de ley que
ha sido ya trabajado por varios gobiernos y consensuado con
organizaciones de la sociedad civil debe ser tramitado de urgencia,
acelerando su paso por el Congreso y el Senado y reduciendo los plazos a
la mitad.
"Cuanto antes se apruebe, antes se podrá
empezar a aplicar sus medidas; esperamos que ese consenso se traslade a
su tramitación en el Congreso, donde se anteponga la protección a la
infancia a las diferencias políticas y la crispación", apunta Perazzo.
Medidas como la estrategia específica de violencia, el registro
unificado de violencia, el deber de cualquier persona a denunciar, la
ampliación del cómputo del plazo de prescripción hasta que la víctima
cumpla 30 años o la prevención a través de la educación resultan
fundamentales, señala esta experta, pero también que vayan acompañadas
de una dotación presupuestaria suficiente para que sean eficaces.
"Todas las fuerzas políticas tienen la oportunidad de demostrar altura
de miras y dejar claro a la ciudadanía que, cuando se trata de algo tan
urgente y necesario de atención como la violencia contra los niños y las
niñas, pueden estar de acuerdo", añade la responsable de Save The
Children. También, desde la Plataforma de Infancia
Almudena Escorial destaca que esta aprobación es "una noticia muy
esperada", que llevan proponiendo desde hace una década la
organizaciones de defensa de la infancia e incluso el Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas. "La violencia
hacia los niños suele permanecer oculta, por la propia invisibilidad de
esa violencia, que suele darse en entornos de intimidad, pero también
por los miedos y obstáculos que encuentran los niños y niñas a la hora
de denunciar, dentro del propio sistema de justicia que, en muchos
casos, los revictimiza".
La responsable de Incidencia
de la plataforma recuerda que "todas las formas de violencia contra la
infancia, además de tener un efecto muy negativo en su desarrollo y
bienestar, suponen una vulneración grave de sus derechos y un ataque a
su dignidad". Y "a pesar de que existen pocos datos, estos ponen en evidencia que nos encontramos ante un problema alarmante", sentencia.
Entre ellos, el Ministerio del Interior recoge que en 2018 se produjo
un incremento del 4,5 % en las denuncias de malos tratos hacia la
infancia pasando de 4.875 en 2017 a 5.105 al año siguiente.
Además, una de cada dos denuncias por delitos contra la libertad sexual
presentadas ese año tuvieron como víctimas a niños, niñas o
adolescentes; el Registro Unificado Maltrato Infantil recogió 16.700
notificaciones de maltrato a menores en el ámbito familiar en 2017.
Las expertas destacan que España se va a convertir en el primer país
con una ley integral para proteger los menores frente a la violencia y
valoran el gran componente de sensibilización social de esta norma, que
manda un mensaje rotundo a la sociedad de rechazo a cualquier forma de
violencia contra la infancia.
La ley perseguirá
nuevos delitos cometidos a través de internet, incorporando la
incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción
de trastornos alimenticios. Incluye en los delitos de
odio la edad como causa de discriminación, tanto sobre menores como
sobre mayores; medidas de prevención de la radicalización en los
jóvenes; protocolos para los colegios sobre cómo actuar ante el acoso
escolar, y formación para policía y jueces para detectar y abordar las
situaciones de maltrato infantil.