EFE | La
comisión de investigación sobre las presuntas ilegalidades de la Casa
Real solicitada entre otros grupos por ERC, JXCat y el PNV plantea
indagar en el Congreso si entre los beneficiarios de las supuestas
"actividades ilícitas" del rey Juan Carlos está Felipe VI, así como el
conocimiento que éste tenía sobre las actividades de su padre.
Así consta en la solicitud de la comisión de investigación que estos
grupos -además de EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP y el BNG-
registraron hoy con el objeto de analizar "las presuntas
irregularidades cometidas por miembros de la familia real así como de
sus cómplices y sus posibles influencias en la política diplomática y
comercial del Estado español con Arabia Saudí".
En concreto, reclaman que el Congreso investigue la existencia de
estructuras opacas con la participación del exjefe del Estado para la
adjudicación de contratos comerciales, las posibles cuentas irregulares
de miembros de la familia real en paraísos fiscales, los mecanismos
utilizados para ellos y el origen de los fondos.
Otro de los puntos de análisis sería "el presunto blanqueo de
capitales del exjefe del Estado" y sus posibles actividades de
comisionista, "así como los conocedores y cómplices y las consecuencias y
responsabilidades derivadas de las mismas".
Además, los partidos quieren descubrir las influencias que las
relaciones de la monarquía española con Arabia Saudí hayan podido
ejercer sobre las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado con
ese país.
La nueva petición se justifica en que la Fiscalía del Tribunal
Supremo investigará el presunto pago de comisiones en la construcción
del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar
involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón.
Hace referencia además a las declaraciones de Corinna Larsen en las
que asegura que "habría recibido presiones e incluso amenazas graves por
parte de los servicios secretos del Estado y la Casa Real,
supuestamente para confiscar documentación comprometedora para el rey
emérito".
La comisión planteada estaría formada como máximo por dos
representantes de cada grupo parlamentario y trabajaría durante un plazo
de seis meses.
Hasta el momento, las propuestas para investigar al rey siempre han
sido rechazadas por la Mesa del Congreso bajo el argumento de que no se
puede ahondar en las actividades del rey emérito porque su
inviolabilidad es permanente.
Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo asume ahora "delimitar o
descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de
2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España
y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución,
informó el Ministerio Público.
Además de esta petición, el grupo parlamentario de Unidas Podemos
está promoviendo una propuesta de comisión de investigación sobre el rey
Juan Carlos alternativa a la registrada por ERC, PNV y JxCat, entre
otros partidos, con un diseño jurídico distinto al de ellos "para que
tenga una mayor probabilidad de ser aprobada en la Mesa del Congreso".