EFE | El
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy
que estaría de acuerdo con una nacionalización de la planta de Alcoa en A
Mariña (Lugo) durante un tiempo antes que su cierre, si bien ha
insistido en que hay otras opciones "más razonables" que incorporar esa
fábrica al patrimonio público.
Esas opciones están contempladas en el Plan de recuperación de las
industrias electrointensivas, aprobado hoy por el Consello de la Xunta, y
pasan principalmente por garantizar un precio estable de la energía a
estas compañías, con tareas para la propia Xunta y también para el
Gobierno central. "Pero si el Gobierno quiere nacionalizar Alcoa que lo
haga mañana y no pasado", ha señalado Núñez Feijóo, que ha dudado de que
el Ejecutivo quiera realmente intervenir la empresa, ya que su
"objetivo" es llegar al 12 de julio (fecha de las elecciones gallegas)
con "excusas" y después "cerrar" la fábrica; por lo que le ha pedido que
"deje de engañar" a trabajadores y a la Xunta.
El
plan aprobado este jueves por la Xunta apuesta por dar un tratamiento de
esencial y estratégico al sector electrointensivo, lo que favorecería
la reducción y agilización de trámites administrativos y los proyectos
tendrían "prioridad" frente a otros. El Gobierno gallego también propone que las ayudas de la
UE tengan un apartado específico para este sector y hacer préstamos
participativos para apoyar los planes de modernización de estas
empresas.
Para todo esto, ha señalado, es "esencial"
que el Gobierno active las medidas necesaria para garantizar el precio
de la electricidad, ya que si no "todo lo demás se caerá por el camino".
Núñez Feijóo ha insistido en que hay que ponérselo
"difícil" a Alcoa para que no tenga "excusas" y siga adelante con el ERE
que afecta, de momento, a 534 personas. De este modo, ha continuado, no se entiende que sea 2 de
julio y el Gobierno ni siquiera haya puesto en marcha la subasta de
interrumpibilidad que tendría estar en vigor desde el 1 de julio.
Por este motivo, el titular de la Xunta ha instado al Gobierno a pone
en marcha "de forma inmediata" esa subasta y que esté dotada, al menos,
con 275 millones de euros de las emisiones de CO2 y que se haga con
bloques de 90 megavatios. Además, ha pedido que se
convoque "mañana mismo" la mesa de Alcoa San Cibrao para que
administraciones y empresa hagan sus propuestas y se deje de engañar a
los trabajadores. Núñez Feijóo ha considerado que sus propuestas son
"razonables" y servirían para garantizar la continuidad de Alcoa en San
Cibrao, bien con la titularidad de esa multinacional de Estados Unidos
bien con la de otro grupo empresarial, ya que "hay interés", aunque no
se materializará si no hay un precio estable de la energía, ha dicho
En cualquier caso, si el Gobierno desatiende estas propuestas que han
funcionado "durante décadas" y quiere nacionalizar la planta, entonces
debería hacerlo "mejor mañana que pasado", ha dicho, porque "hablar
ahora de que dentro de dos años habrá contratos bilaterales para modular
el precio de la energía" es "una broma (...) una promesa electoral y un
chantaje inaceptable". Además del plan de las electrointensivas el Consello de
la Xunta ha dado el visto bueno a una partida de 60 millones de euros,
con los que aspira a movilizar 180 millones, para financiar pymes y
autónomos.
Se trata de una nueva partida, una vez
que los 250 millones puestos a disposición de estos colectivos al inicio
de la crisis se hayan "agotado", ha explicado Núñez Feijóo.
Los 60 millones se dividen en tres programas; uno dotado con 20
millones para que las pymes y los sectores afectados puedan
"reinventarse". En este programa, el organismo Xesgalicia podría participar si fuese preciso.
También podría participar Xesgalicia mediante capital riesgo en la
puesta en marcha de start ups (empresas emergentes) con una parrtida de
10 millones de euros en total. Y finalmente se
creará un fondo público-privado, dotado con 30 millones de euros, para
desarrollar proyectos tractores y estratégicos. Entre
otras iniciativas, además, la Xunta ha enviado al Consello Consultivo
el texto de un proyecto de decreto por el que pretende crear un Censo de
suelo empresarial en el que será "obligatorio" registrarse,
independientemente de qué administración o iniciativa sea titular de ese
suelo.