AUTONOMÍAS | FISCALIZACIÓN
El Tribunal de Cuentas recomienda racionalizar y mejorar la gestión autonómica
EFE | La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha
pedido hoy a la administración autonómica "más racionalización" y
mejorar su gestión pública, así como una supervisión por sus órganos de
control de cuentas de sus entidades dependientes.
De la Fuente ha presentado en la Comisión Mixta Congreso-Senado para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe global del sector
público autonómico de 2016 y otro sobre la fiscalización de extinción de
entidades autonómicas como consecuencia de la reestructuración de su
sector público.
El saldo del endeudamiento de las autonomías pasó de 235.202 millones
de euros, a 1 de enero de 2016, a 249.637 millones a finales de año, un
6 % más que en 2015, que llegó al 10 % en Cantabria y Murcia. Como en otros ejercicios, hay deficiencias en materia de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos. Con un 0,82 % del PIB, las comunidades incumplieron en su conjunto el
objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado para 2016 en un 0,7%. Sí lo cumplieron Andalucía, Canarias, Castilla y León, Navarra,
Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid y Asturias, así como las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Todas cumplieron con la regla de gasto, a excepción de Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y Murcia.
Según De la Fuente, el porcentaje de las cuentas rendidas en plazo
fue del 77 %; las que los hicieron fuera de plazo, el 15 % y las no
rendidas, el 8 %. Los principales retrasos e incumplimientos fue de los consorcios (36
%), empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad
(33 %) y fundaciones (25 %). Se presentaron 24.665 contratos, por un importe conjunto de 8.561 millones de euros.
En cuanto al segundo informe, ha recomendado que las autonomías
establezcan un sistema de supervisión continua sobre sus entidades
dependientes para comprobar que se mantienen los motivos que
justificaron su creación y sostenibilidad financiera. Entre 2010 y 2016, la reestructuración del sector público
instrumental autonómico ha supuesto 767 bajas y 186 altas de entidades
para el conjunto y se ha producido una reducción efectiva del número de
entes de 581, el 34 % del total.
El informe hace notar que predominan las entidades privadas,
sociedades y fundaciones, frente a las entidades propias de naturaleza
pública, a excepción de los consorcios. Han asumido las actividades de las suprimidas las correspondientes
consejerías u otros órganos de la administración autonómica, en la
mayorías de los casos. Esa reestructuración ha supuesto unos ahorros de 130 millones de
euros y que sus más de 5.000 trabajadores hayan pasado a depender de la
administración regional.
En el debate, la mayoría de los intervinientes han puesto de
manifiesto el retraso con que se presentan estos informes, así como la
dependencia de subvenciones por partes de esos entes, así como la falta
de control en la adjudicación de las contrataciones. Todo ello genera duplicidades y exceso de gasto público, según las portavoces de Ciudadanos y Vox. Esta última, Inés Cañizares, ha pedido más rigor en las auditorías,
así como en la exigencia de la rendición de cuentas y ha considerado
"alarmante" la falta de transparencia y el incumplimiento de la ley de
Estabilidad, "para lo que no hay sanciones".
Elena Muñoz, del PP, ha puesto en valor la reestructuración que, ha
recordado, impulsó el Gobierno de su partido, con 581 organismos menos, y
ha animado a "un control exhaustivo" por parte del Tribunal de Cuentas. Antonio Hurtado, del PSOE, se ha interesado por algunas de las
sociedades presuntamente vinculadas con casos de corrupción del PP o en
las que había "encontrado refugio" el líder de Vox, Santiago Abascal. La presidenta del Tribunal de Cuentas le ha recordado que había
presentado un informe "homogéneo y global" del sector autonómico y que
la información "detallada" se debe buscar en el informe de cada
comunidad.
En cuanto al retraso en la presentación de los informes, ha aludido
al "tiempo dilatado" con que los remiten las autonomías o la disparidad
de plazos entre unas y otras y ha abogado por que se unifiquen y
reduzcan.