EDUCACIÓN | REFORMA
El pleno del Congreso aprueba la ley Celaá
El proyecto de ley con el que se quiere derogar la Lomce o ley Wert ha obtenido 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.
EFE | El
pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma educativa del
Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, que ahora pasa al Senado en su recta
final parlamentaria antes de poder convertirse en la octava ley
educativa en democracia. El proyecto de ley con el que se quiere derogar la Lomce o ley Wert ha
obtenido 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Al tratarse de una ley orgánica, se necesitaba de una mayoría absoluta (176 de los 350 diputados de la Cámara alta).
Los grupos parlamentarios han votado este jueves las últimas enmiendas transaccionales presentadas a la Lomloe o ley Celaá y
solo ha salido adelante una para que en Secundaria se estudie el papel
de los impuestos, y se han rechazado varias para reforzar la enseñanza
concertada.
Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) deberán conocer
el papel social de los impuestos y la justicia fiscal dentro de la
asignatura de Valores Cívicos y Éticos que fija la Lomloe.
Se ha establecido a través de la enmienda transaccional entre Compromís y Más País Equo y a la que se han unido PSOE, Unidas Podemos, Grupo Republicano y Junts per Catalunya.
En uno de los cursos de Secundaria se tiene que estudiar Valores
Cívicos y Éticos y, según la enmienda, se prestará "especial atención" a
la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos a la Constitución, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia,
a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a
la igualdad de mujeres y hombres, y al valor del respeto a la
diversidad. Además, ahora se suma el comprender "el papel social de los impuestos y la justicia fiscal,
fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia". Se
habían presentado para debate y votación este jueves un total de seis
enmiendas transaccionales.
Además de la citada sobre el conocimiento de los jóvenes sobre los impuestos,
había otra sobre los centros concertados con la firma de PNV y Junts
per Catalunya, a la que habían mostrado su apoyo PP, Ciudadanos y Vox,
pero que no se ha aprobado.
Se especificaba que las enseñanzas reguladas por esta ley se
programarían por las administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados.
Y se añadía que las administraciones educativas "programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia suficiente de plazas públicas y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población". Tampoco han salido adelante otras tres enmiendas transaccionales
acordadas entre el PP y UPN en defensa de los centros concertados y una
última para que el alumnado elija entre una asignatura sobre religión confesional y otra aconfesional.
El debate sobre el dictamen a la Lomloe o ley Celaá ha
acabado este jueves en medio de gritos de "libertad" por parte de
diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada
socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de
PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma.
Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra
de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia.
Martínez Seijo ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de
difundir mentiras sobre que la Lomloe va a acabar con la libertad de los
padres para elegir centro educativo o que puedan pedir enseñanza en
castellano. "Ya está bien de utilizar la palabra libertad solo para los que tienen recursos y obvian a los que no los tienen y no tienen libertad para decidir", ha dicho la diputada socialista.
Asimismo, ha criticado que los centros concertados estén "manipulando" y "utilizando" a menores de edad en los patios de sus colegios para ponerles en contra de la norma a través de lectura de manifiestos.
Por el contrario, Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos) y
Joaquín Robles (Vox) han anunciado que recurrirán al Tribunal
Constitucional e incluso a la Comisión Europea porque la ley Celaá impide la elección de centro a las familias, por ejemplo, uno concertado y los de educación especial.
La ley Celaá en 30 puntos
1- Defensa de la Educación Pública: la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo.
2- Castellano: deja de figurar como lengua vehicular
de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones
garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas
cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
3- Lenguas propias: la asignatura de Lengua Cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura.
4- Currículo: los contenidos básicos de las
enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no supondrán más del 50 %
de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 %
para el resto.
5- Religión: oferta obligatoria, elimina la
obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para
procesos de acceso universitario o a becas.
6- Cultura de las religiones: en Primaria y Secundaria se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.
7- Valores cívicos y éticos: se estudiará en
Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos
Humanos y de la Infancia y a la igualdad. En Secundaria se conocerá el
papel social de los impuestos y la justicia fiscal.
8- Educación especial: en diez años los centros
ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con
discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de
Educación Especial para alumnos que requieren atención muy
especializada.
10- Concertados: elimina la "demanda social" para
abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las
familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer
aportaciones a fundaciones o asociaciones.
11- Suelo público: incremento progresivo de puestos
escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención
de los solares necesarios para construir centros públicos.
12- Separación de alumnos por sexo: los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.
13- Admisión de alumnos: cuando no existan plazas
suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios
prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se
tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias.
14- Comisiones de admisión: cuando la demanda de
plazas supere la oferta las comisiones de admisión velarán por la
presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con
necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.
15- Plazas en infantil: aumento de las plazas
públicas 0-3 años. Promover la existencia de centros públicos que
incorporen Infantil con otras etapas educativas.
16- Repetición de curso: los alumnos pasarán de
curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos
materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá
hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.
17- Historia de la democracia: los alumnos deberán
adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en
España. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.
18- Educación afectivo-sexual: fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.
19- Igualdad de género: impulsar el incremento de
alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y
promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria
mayor matrícula de mujeres.
20- Defensa del planeta: fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.
21- Certificación en secundaria: los alumnos recibirán al concluir ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.
22- Bachillerato: se podrá hacer en tres años y
también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la
obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo
una.
23- Educación de adultos: podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.
24- Alumnos sin cualificación: las Administraciones
podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin
cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o
certificación académica.
25- Programas de diversificación curricular: modificación
y adaptación del currículo desde el tercer curso de Secundaria para el
alumnado que lo requiera con el fin de que consiga el título de graduado
en ESO.
26- Docentes: en el plazo de un año a partir de la
entrada en vigor de la ley, el Gobierno hará una propuesta normativa que
regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo a
la profesional docente. Los docentes que muestren una manifiesta falta
de condiciones para ocupar un puesto o una notoria falta de rendimiento
podrán ser removidos de su puesto.
27- Inspectores: la fase de concurso valorará la
trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la
fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.
28- Digitalización: desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas.
29- Escuela rural: se garantiza un puesto gratuito
en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de
trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el
desplazamiento.
30- Plan ante situaciones de emergencia: Educación y
comunidades definirán un plan de contingencia para que continúe la
actividad educativa en situaciones como la crisis del coronavirus.