GALICIA | VIVIENDAS
Teléfono gratuito para asesorar a las víctimas de ocupaciones ilegales de viviendas
Empezará a funcionar el próximo lunes.
SANTIAGO DE COMPOSTELA | El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el Consejo de la
Abogacía Gallega (CAG) formalizaron esta mañana su acuerdo de
colaboración para garantizar durante un año asesoramiento especializado y
gratuito a todas aquellas personas que se vean afectadas por la
ocupación ilegal de su vivienda. De este modo, la Xunta compromete una
partida de 27.000 euros para sufragar los costes del servicio mientras
que el CAG aportará los profesionales necesarios para atender por turnos
todas las consultas que se reciban, tanto por teléfono como vía online.
El
objetivo es ofrecer asesoramiento profesional gratuito para que las
personas físicas propietarias o usufructuarias de viviendas ocupadas
ilegalmente sepan como actuar ante esta situación. La orientación será
prestada por profesionales especializados y comprenderá todos aquellos
aspectos referidos a trámites de carácter administrativo o judicial que
guarden relación con los derechos y deberes de los afectados.
Tras
la firma del convenio, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y
Vivienda, Ángeles Vázquez, anunció que la atención por teléfono se
prestará a través del número 900 121 221 y estará operativa ya a partir
del próximo lunes, 7 de diciembre. El servicio telefónico será atendido
entre semana en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas,
y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
Además, la conselleira
recordó que también se pondrá en marcha un servicio de atención en línea
por parte del CAG, de manera que los interesados podrán enviar sus
consultas y preguntas cubriendo un formulario web, que será contestado
vía correo electrónico por el letrado de guardia en un plazo máximo de
48 horas.
“Hoy podemos dar un balón de oxígeno a los afectados por
casos de ocupación ilegal de viviendas, que tendrán un punto de
información para saber como actuar y los trámites que deben hacer, sin
que esto les suponga coste alguno para ellos”, declaró la conselleira,
que añadió que el convenio suscrito entre el IGVS y el CAG también
incluye la realización de otras acciones complementarias, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos con los que ambas partes
acordaron colaborar.
De este modo, el Consejo de la Abogacía
Gallega se encargará de elaborar una guía informativa –actualmente ya en
redacción- en la que se incluyan todos los trámites de carácter
administrativo y judicial relacionados con los derechos y deberes de los
propietarios o usufructuarios de viviendas ocupadas ilegalmente. Esta
guía estará lista en breve y podrá consultarse en las páginas web del
IGVS y del propio Consejo. Por último, el CAG se compromete en el
convenio a preparar un informe de carácter trimestral para el IGVS en el
que recogerán todas las consultas atendidas durante ese período, con
especificación de la localidad, la calle y el número de viviendas
ocupadas en cada caso.
Ronda de contactos y propuesta legislativa
Aunque recordó que
las competencias autonómicas en esta materia son muy limitadas y le
corresponde al Gobierno central garantizar la protección de los
ciudadanos frente a la ocupación ilegal de sus viviendas, Ángeles
Vázquez insistió en que la Xunta considera que también debe ofrecer el
apoyo necesario a las personas propietarias y usufructuarias que se
están viendo afectadas en Galicia por esta situación.
Por eso, la
Consellería de Medio Ambiente contactó con el Consejo de la Abogacía
Gallega para pedirle su colaboración con el fin de habilitar un nuevo
servicio de información y asesoramiento dirigido a las víctimas de
ocupaciones ilegales de viviendas, ante el incremento de casos detectado
en lo que va de año. De hecho, el acuerdo firmado esta mañana con
el CAG se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas en los últimos
meses por el departamento autonómico para tratar de ofrecer una
respuesta idónea a este fenómeno, de gran impacto social.
En este
sentido, hace falta recordar que trabaja en la elaboración de un mapa
gallego de viviendas ocupadas con el apoyo de los agentes de la
propiedad inmobiliaria y de los administradores de fincas, además de
ultimar una propuesta de reforma legislativa avalada por expertos
penalistas y de la Universidad de Santiago y que será presentada en
breve, con el fin de trasladársela al Estado a continuación e instarlo a
que, como Administración competente en la materia, garantice un nuevo
marco jurídico eficaz, definido y duradero frente a las ocupaciones de
viviendas.