PODER JUDICIAL

De la Quadra-Salcedo: "El bloqueo del CGPJ es un atentado a la Constitución"

EFE | El Consejo General del Poder Juducial (CGPJ) arrastra ya dos años en funciones debido al bloqueo en su renovación, una situación que el exministro Tomás de la Quadra-Salcedo tilda de "grave atentado a la Constitución" derivado de la posición "inadmisible" de los partidos que se "niegan a cumplir con una obligación de la Carta Magna". De la Quadra-Salcedo, de 74 años, fue ministro de Administración Territorial (1982-1985) y de Justicia (1991-1993) con Felipe González y, entre medias, ocupó la presidencia del Consejo de Estado. Por su recorrido en las instituciones avisa de que "hay que poner fin a esta situación cuanto antes, no puede esperar".

"Me parece incomprensible que pueda producirse ese bloqueo; se trata de un poder que tienen las fuerzas políticas, pero que no es un poder, no es una facultad disponible, sino una obligación constitucional, y negarse a cumplirla es inadmisible", dice el catedrático de Derecho Administrativo. Quien habla es una voz autorizada de la judicatura, como así lo reconoció recientemente el rey Felipe VI al destacar de él su vocación de servicio al Estado, su compromiso social en la promoción de los poderes públicos y su defensa de la Constitución, en la XXVI edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. 

"Es un grave atentado a la Constitución", asegura el exministro, que advierte también de la "sombra de sospecha" que se proyecta sobre el actual CGPJ por "nombrar a magistrados cuando no es este el Consejo que tenía que hacerlo sino otro bien distinto", de manera que aboga por limitar las funciones del Consejo saliente, como así recoge la última proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos. "Me parecería oportuno porque permitir que el Consejo que ya no tenía que estar funcionando continúe funcionando de forma normal y ordinaria sería como premiar, y de alguna forma legitimar, la infracción constitucional".

Ahora bien, no cree que atar de manos al Consejo sea la solución definitiva al problema, que solo pasa porque "se nombre a un Consejo que tenga la plenitud de las competencias" instando a los partidos a que "cumplan con su obligación" y "no lo contrario". "Porque prorrogar indefinidamente que un Consejo extinguido continúe haciendo lo mismo que cuando tenía la plenitud de las competencias es premiar el incumplimiento y eso no puede ser".

Su apoyo a esta proposición de ley no es extrapolable a la anterior que, al margen de esta cuestión de limitar la actuación de un Consejo en funciones, plantea (aún no se ha retirado) que los vocales sean elegidos por mayoría absoluta en una segunda votación, una iniciativa que levantó las suspicacias del Consejo de Europa y de la Comisión Europea. De la Quadra-Salcedo se suma a ello. "No me gusta esa parte porque si no es contraria a la Constitución si diría que lo es al espíritu constitucional", afirma quien en los últimos días ha visto salir su nombre en algún medio como posible candidato de consenso a presidir el futuro CGPJ. Él lo niega: "No tengo la menor idea de ese asunto, nadie me ha contactado para eso desde luego. No sé absolutamente nada de eso". 

Junto a la polémica en torno al CGPJ, la Justicia también es noticia por el debate sobre los indultos a los líderes independentistas del "procés", que De la Quadra Salcedo no ve motivos para apoyar al entender que "no se dan las condiciones" aunque plantea un escenario que podría abrir la puerta a su concesión.

"Arrepentimiento no hay pero podía haber una voluntad, ya sea por los propios condenados o por las fuerzas políticas de las que ellos forman parte, de asunción de que la modificación de la Constitución y el Estatuto se puede propugnar pero por los cauces legales; entonces el tema sería otro", explica el jurista. Pero, continúa, "como esa situación no se da, no veo en este momento ninguna razón que explique" la concesión del indulto, ya que, aunque "nuestra Constitución no es militante, no obliga a creer todo lo que dice, pero sí a que si hay que modificarla se sigan los cauces establecidos en la propia Carta Magna".

De momento, el proceso está pendiente de los informes de la Fiscalía y del Supremo, cuya posición como tribunal sentenciador suele seguir el Gobierno de turno para otorgar o no el indulto, aunque ya hay rumores de que el Ejecutivo, llegado el caso, podría optar por omitir esa opinión y acceder a la medida de gracia. Pero el exministro no contempla que el Gobierno fuera a dar ese paso sin el respaldo del Supremo. "No creo que lo vaya a dar". Hay otra vía que discurre paralelo al indulto, la reforma del delito de sedición. Aquí el jurista también tiene su propuesta que pasa por recuperar antiguas figuras penales que "permitían la sanción de conductas que no eran ni rebelión ni sedición, pero que iban dirigidas a lo mismo: atentar contra el orden constitucional o pretender la independencia de una parte del territorio, sin llegar a la fuerza ni a la violencia ni al alzamiento tumultuario".

"Hay conductas que merecen una sanción y que en este momento no la tienen". Cita las leyes de desconexión que Carles Puigdemont ordenó a la población que cumpliera o la declaración unilateral de independencia (DUI). "No es admisible que conductas tan graves queden impunes, eso es lo que habría que llevar al Código Penal y luego ya mirar lo demás", plantea.