PESCA

La Plataforma de Afectados por la Potencia Pesquera anuncia la presentación de un recurso de queja ante la Comisión Europea

MADRID | La Plataforma de Afectados por la Potencia Pesquera ha recibido la decisión por parte del Defensor del Pueblo Europeo, en la que dictamina que la reclamación tramitada por la Asociación ante el incumplimiento de la ley de potencia pesquera no puede llevarse a cabo. El órgano europeo se basa en que solo puede investigar quejas que se refieren al trabajo administrativo de las instituciones y órganos de la Unión Europea. Esta queja, según el Defensor del Pueblo Europeo, está relacionada con el trabajo político del Parlamento, dado que es esta institución la que debe determinar si esa posición es razonable.

Desde la Plataforma anuncian que han tomado la decisión de presentar un recurso de queja ante la Comisión Europea, como paso previo a la presentación de una demanda amparada por el Derecho Europeo para el caso de incumplimiento de su ordenamiento jurídico. Este documento tendrá como asunto principal el incumplimiento por parte de los Estados Miembros del Reglamento 1224/2009 sobre el control de la potencia motriz. Además, esta denuncia solicita que se declare como ilegal el reparto de los derechos de pesca basados en los derechos históricos adquiridos por buques que hayan modificado la potencia motriz, al no cumplir estas con la potencia registrada.

Francisco Pérez, portavoz de la Plataforma de afectados, indicó que “la Comisión Europea deberá pronunciarse ante esta irregularidad que se lleva cometiendo años en nuestras costas y en la de todos los Estados Miembros. Si finalmente no contesta, llevaremos esta denuncia ante los tribunales europeos. No pararemos hasta que no haya unas cuotas pesqueras realmente justas”.  


En lucha desde hace más de cinco años

En 2002, la Comisión Europea dictó un reglamento (2371/2002), por el cual se fijan las reglas de la política pesquera común, entre ellas, la reducción de capacidad de la flota pesquera europea. Desde entonces, no solo no se ha puesto remedio a la situación, sino que además se ha ido incrementando la potencia de los barcos. En 2009, España empieza a tener el imperativo legal de revisar la potencia nominal de los barcos en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero no ha estado llevando a cabo su labor.  

Desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera llevan desde 2015 denunciando la situación. Primero, ante las autoridades españolas dos años consecutivos. Posteriormente, en 2017, llevaron la queja hasta la Comisión Europea, que hizo caso omiso, por lo que decidieron llevar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En junio del año siguiente, la Comisión Europea archivó la denuncia.

En enero de 2019, presentaron la denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esta vez, se admitió la queja, la Comisión Europea la respaldó y publicó un informe en el que se incluían las denuncias presentadas desde la Plataforma entre 2015 y 2017, además mostrar claras evidencias del incumplimiento del reglamento por parte de 15 estados miembros, entre ellos España. El informe subrayaba que el 51% de los buques revisados no cumplían la norma y que el 67% de los mismos o no cumplían o había indicios de que la nave había sido manipulada. En definitiva, apenas un 30% de los barcos examinados cumplían con las obligaciones de esa regulación.  


“La Política Pesquera Común ha fracasado”

Ese mismo año, el Comité de Pesca del Parlamento Europeo debatió las conclusiones del estudio promovido por La Comisión Europea. En su discurso, Chris Davies, expresidente del Comité de Pesca, aseguraba durante la sesión en la que se estudiaba el informe que “una parte fundamental de nuestra política pesquera es falsa, corrupta y fraudulenta en este sentido”.

En la actualidad, a pesar del informe que respalda las denuncias pasadas, desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera decidieron elevar su queja ante el Defensor del Pueblo Europeo para exigir que se encuentre una solución. La denuncia ante el Defensor del Pueblo, desestimada al considerar que la respuesta de la Comisión admitiendo las irregularidades denunciadas es un acto político, y han decidido dar un paso más en la disputa de esta agrupación, que no parará hasta tener unas condiciones de pesca justas.