EFE | El informe Frontera Sur, elaborado anualmente por la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), revela que 1.717 personas han
muerto o desaparecido en su intento de llegar a España a lo largo de
2020, lo que supone el número más alto desde que la organización comenzó
a realizar esta investigación en 1989. En una rueda de prensa, el
coordinador de APDHA, Diego Boza, acompañado de los responsables del
informe, Rafael Lara y Ana Rosado, ha explicado este lunes que el
coronavirus ha multiplicado los deseos de las personas de migrar ante la
pérdida de ingresos básicos, y, a su vez, la pandemia ha servido de
“excusa” para “agravar la vulneración de los derechos humanos”.
Según
los datos del informe, durante el año 2020 han muerto o desaparecido un
total de 1.717 personas y solo se han rescatado 637 cadáveres. La mayor parte de las muertes ha ocurrido en Canarias (1.239),
seguida del Levante (231), mar de Alborán (202) y el estrecho de
Gibraltar (45). La asociación basa los resultados de su informe en datos oficiales y sus propias pesquisas en lugares de origen y destino.
“El
incremento de la llegada de pateras a nuestras costas durante el año
2020 pone de nuevo en cuestión unas políticas migratorias basadas en la
represión y violación de los derechos humanos”, dice el informe. Según
las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, durante el
año 2020 fueron 41.861 las personas que lograron traspasar la frontera
sur española, lo que supone un incremento del 29 % con respecto al año
2019.
No obstante, la ADPHA recuerda que por esta frontera solo entran en España el 4,3 % de los migrantes. “El incremento de llegadas en la frontera sur pone de relieve la
volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir
reducir la llegada de migrantes, y, en general, de las políticas
migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea,
cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en esta zona”,
señala el documento.
“Ante el desinterés del Gobierno español de
asumir las muertes de cientos y miles de personas que pierden la vida,
ante el abandono de familiares que no saben de sus seres queridos, se
hace imprescindible realizar un registro exhaustivo y visibilizar que
estas personas son la consecuencia directa de unas políticas de muerte”,
lamenta el documento.
Boza cree “decepcionante” el papel del
Gobierno porque “se ha limitado a mostrar condolencias, por ejemplo, por
la niña de Mali, pero no está poniendo medidas para responsabilizarse
de lo que está ocurriendo”. Los portavoces de la asociación creen que en 2021 ya se atisba un nuevo
incremento de los datos, por las consecuencias económicas que está
trayendo la pandemia del mundo, y, por eso, ha iniciado un campaña de
recaudación de fondos que permita mejorar la obtención de datos en los
lugares de origen y destino para el informe de 2022.