EFE | La
Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico,
Rodrigo Rato, de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de
blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad
documental, y pide para él hasta 83 años de cárcel.
En una nota fechada hoy, Anticorrupción solicita penas de
prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos
contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro
por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de
corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de
falsedad documental.
Asimismo, pide las correspondientes penas de multa y accesorias y la
indemnización a la Administración tributaria por las cantidades
defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.El
pasado 1 de marzo, el titular del juzgado de Instrucción número 31 de
Madrid decidió procesar al exvicepresidente del Gobierno y a otras 16
personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los
negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En su auto,
el juez Antonio Serrano-Arnal daba por concluida la instrucción del
caso, que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exministro. En el comunicado conocido hoy, la Fiscalía asegura haber
identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015
por un importe total de 15,6 millones de euros, además de
rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a
Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia
Tributaria. A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que
añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus
sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones
de euros.
Anticorrupción sostiene que Rato ha mantenido desde
1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas
sociedades, con las que habría realizado inversiones en "multitud de
cuentas bancarias" abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido,
Suiza y Mónaco, entre otros. La documentación obtenida en abril de 2015 tras al registro del
domicilio de Rato y en otros lugares muestra que contaba también con
cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco
español, y que ha operado a través de cuentas en territorios de baja
tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao.
De este modo, prosigue Anticurrupción, Rato "se ha servido,
presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos
transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades
opacas". Aunque Rato se acogió en noviembre de 2012 a una amnistía
fiscal, omitió "cualquier referencia" a una serie de sociedades y
declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros, por el que abonó
11.533 euros a Hacienda.
Anticorrupción ve también "indicios
racionales" de que Rato siendo Presidente de Caja Madrid-Bankia, cargo
que ocupó entre enero de 2010 y mayo de 2012, cobró indebidamente
comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad
bancaria firmó con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a
bolsa de la entidad. Dichas comisiones, según la Fiscalía, se derivaron a
diversas sociedades logrado "difuminar el origen del dinero". La causa abierta en el juzgado madrileño incluye a Rato y otras doce
personas, además de a ambas agencias de publicidad en calidad de
personas jurídicas.