EFE | El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha
rechazado la petición de un "plan B jurídico" para rellenar el vacío que
dejará el fin del estado de alarma el 9 de mayo y ha pedido
"coherencia" tras recordar las "dificultades" surgidas "cada vez que el
Gobierno llevaba al Congreso el decreto de alarma".
Después de conocerse que el Consejo de Estado ha sugerido al
Gobierno que adecue la Ley de Salud Pública para dar a las comunidades
autónomas "el mejor marco jurídico posible" para afrontar la pandemia,
el ministro ha replicado en un coloquio organizado por Europa Press que
el ordenamiento jurídico está "absolutamente aquilatado para atender
todas las realidades".
"Contamos con un sistema fuerte, con la ley de los estados de
alarma, excepción y sitio, pero la verdadera fuerza está en ese soporte
normativo y en los acuerdos que se han adoptado en el ámbito
interterritorial", ha señalado.
Al mismo tiempo, ha explicado que "no es fácil" porque durante
el último año ha habido una "dificultad" cada vez que "hemos llevado un
decreto de alarma al Congreso y ahora parece que es absolutamente
necesario", ha cuestionado.
"Oiga, tengamos coherencia, porque la previsibilidad de la
conducta es lo que determina la buena fe", ha remarcado antes de
preguntarse, "qué es lo que se quiere".
"¿Un decreto de alarma?, ¿una reforma exprés?", ha inquirido,
tras lo que ha subrayado que las leyes "no se hacen en un cuarto de
hora".
Ha rechazado además que pueda haber "inseguridad" jurídica
porque las comunidades autónomas tienen "capacidad normativa, cuentan
con "muchos instrumentos, con una batería de medidas que se pueden
adoptar".
pero ha funcionado", lo que permite afrontar el futuro "con mayores dosis de optimismo".
Por ello, ha señalado que el "ruido no nos debe impedir ver que
estamos al final del túnel y que contamos con elementos normativos para
poder afrontar la situación" a partir del 9 de mayo.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Lorenzo del Río, no se ha mostrado tan optimista y, al respecto,
ha señalado: "Me encantaría que estuviéramos saliendo del túnel, pero
desgraciadamente las comunidades autónomas, con la legislación
sanitaria, no tienen capacidad para una afectación intensa de los
derechos fundamentales; para eso no tienen competencias". "Tendrían un problema enorme y, aunque hay más medidas, como la
restricción de actividades económicas, puede haber problemas jurídicos",
ha insistido.