EFE | La
secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, prevé que antes del
verano empiecen a convocarse licitaciones que permitirán a las empresas
acceder a los 70.000 millones de euros que España espera recibir de la
Unión Europea entre 2021 y 2023. "Todos los Ministerios están trabajando con las manifestaciones de
interés, recabando información y ahora van a empezar a sacar las
convocatorias (...) Algunos Ministerios están ya muy avanzados en el
proceso y antes del verano yo creo que empezaremos a ver las
convocatorias de las licitaciones correspondientes", ha asegurado De la
Cueva.
La secretaria de Estado ha recordado que en los Presupuestos de 2021
están consignados los primeros 27.000 millones que el Gobierno prevé
desembolsar este año, con independencia de cuando se hagan efectivas las
transferencias europeas. El calendario de emisiones del Tesoro
para este año, del que se ha completado casi un 40%, recoge la necesidad
de financiar ese importe, lo que permite comenzar a ejecutar ya el plan
de recuperación, transformación y resiliencia, cuya versión definitiva
pasará por el Consejo de Ministros antes de que acabe este mes.
Aunque
el plan solo contempla los 70.000 millones que se prevén recibir hasta
2023, De la Cueva ha asegurado que el Gobierno tiene la "absoluta
determinación" de usar el montante total de 140.000 millones, que
incluye otros 70.000 millones en créditos cuya solicitud se planteará
antes de 2023. Sobre
la ejecución de las ayudas directas de 7.000 millones incluidas en el
programa de apoyo a la solvencia empresarial de 11.000 millones, la
secretaria de Estado ha contado que se está estudiando cómo flexibilizar
los requisitos para que excepcionalmente puedan acceder empresas que ya
registraron pérdidas en 2019.
De acuerdo con el decreto ley
aprobado el pasado 12 de marzo, podrán optar a ayudas directas de hasta
200.000 euros las empresas y autónomos que sufrieran en 2020 una pérdida
de ingresos de al menos el 30 %, un requisito que dejaría fuera a
compañías que por circunstancias excepcionales arrastran problemas desde
antes. "Estamos viendo cómo se puede dar respuesta a
situaciones extraordinarias que se produjeron en 2019, que hacen que
empresas que son viables tuvieran una situación peculiar que hace que no
cumplan los criterios del decreto ley. Por ejemplo las afectadas por la
quiebra de Thomas Cook (en septiembre de 2019)", ha concretado.
Asimismo, las comunidades autónomas tendrán flexibilidad para incluir
actividades que no estaban inicialmente previstas en el centenar de
CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) que se
incluyeron en el decreto ley y que tienen una especial relevancia para
su territorio, como podría ser el sector del vino. "En el decreto
que aprobamos establecimos unos criterios objetivos que aplicaban a toda
España", ha afirmado De la Cueva, que ha añadido que se habilitará a
las autonomías para que puedan incluir sectores específicos.
"Serán
las comunidades autónomas las que decidan en el ámbito de sus
competencias cómo instrumentar las ayudas y las que ahora tienen que
poner en marcha las convocatorias para que antes de final de año, como
establece el decreto ley, se puedan otorgar las ayudas y lleguen a todas
las empresas", ha dicho.
Respecto
al fondo de 3.000 millones para la reestructuración de la deuda
bancaria de empresas solventes, ha avanzado que se está trabajando con
el sector financiero en un código de buenas prácticas al que se podrán
adherir las entidades de manera voluntaria."Estamos trabajando
con el sector financiero, con la AEB (Asociación Española de Banca) y
con el Banco de España para definir un código de buenas prácticas que
elevaremos al Consejo de Ministros (...) que establece cuáles son los
mecanismos que se habilitan para que se pueda proceder a la
reestructuración de deuda", ha explicado.