IGLESIA | ABUSOS
La investigación de los abusos en la Iglesia, más cerca de llegar al Congreso
MADRID | La
creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre abusos
sexuales a menores en la Iglesia católica está más cerca después de que
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya mostrado abierto a
esta petición de Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu, que apoya también Cs.
El asunto ha adquirido mayor repercusión tras última denuncia de abusos,
la del escritor Alejandro Palomas, que ha desvelado que un hermano del
colegio de La Salle de Premià de Mar (Barcelona), que denomina L y que
fue su profesor y tutor, lo violó, lo masturbó y le hizo tocamientos en
múltiples ocasiones cuando él tenía entre 8 y 9 años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el "coraje" y
"valentía" de Palomas (Barcelona, 1967), que fue Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil en 2016 y Premio Nadal de novela en 2018.
Además,
se ha mostrado abierto a la petición formulada el miércoles por Unidas
Podemos, ERC y EH-Bildu para crear en el Congreso de los Diputados una
comisión de investigación sobre las agresiones y abusos sexuales a
menores cometidos en el seno de la Iglesia católica, si bien ha
asegurado que lo primero es hablar con las víctimas y escuchar sus
testimonios. "Vamos a hablar y a construir", ha insistido Sánchez.
Ciudadanos
ha avanzado que apoyará la creación de esta comisión de investigación,
que si finalmente cuenta también con el respaldo del grupo parlamentario
socialista saldría adelante, mientras que el PP está en contra ya que
opina que el ámbito de actuación debe ser el judicial.
Los grupos
que han planteado esta comisión creen que la investigación de estos
abusos en sede parlamentaria puede facilitar una reparación a las
víctimas de los casos prescritos, a través de procedimientos de justicia
restaurativa, dándoles un espacio donde narrar su experiencia con
libertad y con la asunción de una responsabilidad institucional.
La posibilidad de que el Congreso investigue este tipo de abusos abre
una opción más a las víctimas, después de que el presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, rechazara "de momento"
crear una comisión independiente para tratar de esclarecer estos casos,
una decisión que sí han adoptado otros países como Portugal.
"Portugal
hace lo que cree conveniente, como Francia, Alemania o Italia...
nosotros estamos en contacto con la Santa Sede con sus protocolos y les
ha parecido bien. Si hay alguna dificultad pues ya lo iremos viendo
sobre la marcha", dijo el pasado 14 de enero tras una reunión con el
papa Francisco en Roma.Por su parte, el Instituto de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas (La Salle) ha abierto una investigación
sobre el profesor denunciado por Palomas, que ahora tiene 91 años y vive
en una residencia de la congregación en Cambrils (Tarragona).
"No podemos sino condenar de manera pública cualquier abuso a
menores, trasladar la voluntad de apoyo a la persona afectada y asumir
la responsabilidad que nos toque", ha explicado la responsable de
Relaciones Institucionales de La Salle, Isabel Llauger. Los padres
del escritor denunciaron en su momento el caso a la dirección del
colegio, que les aseguró que tomarían cartas en el asunto y que no
volvería a suceder, pero Palomas recuerda que entonces dejó de ser el
alumno preferido de este docente y pasó a ser el "apestado".
Al
conocer la denuncia del escritor Alejandro Palomas, el ministro de la
Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado su "solidaridad" con todas "las
víctimas" y ha asegurado que el Gobierno les va a acompañar con el
objetivo de "esclarecer todos los casos".
Precisamente, el Ministerio de Presidencia lleva las negociaciones
con la Conferencia Episcopal que esta semana permitieron un acuerdo por
el que la Iglesia admite que hay un millar de esos bienes cuya
titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se
abre la vía para su regularización.
Bolaños ha entregado este
jueves al presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), Abel Caballero, el listado de este millar de bienes
cuya titularidad debe ser restituida a sus legítimos propietarios, una
labor que llevarán a cabo los ayuntamientos.Sin embargo, tanto
Unidas Podemos como socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez
como EH Bildu o Compromís consideran que esta cifra es insuficiente. EFE