GOBIERNO | REFORMA UNIVERSITARIA
Una reforma para atajar la precariedad en los campus y subir la inversión
MADRID | El Gobierno ha aprobado hoy el texto de la nueva ley orgánica
del Sistema Universitario (LOSU), que deroga la aprobada hace dos
décadas por José María Aznar y que busca remediar la infrafinanciación
que arrastra la Universidad desde la crisis del 2008 y el deterioro de
las condiciones de trabajo de sus plantillas.
En su preámbulo, el
proyecto recalca que su intención no es "imponer soluciones ni trazar
caminos concretos", una de las ideas reiteradas por el ministro de
Universidades, Joan Subirats, durante su redacción y consecuencia de lo
cual el texto resultante es mucho menos detallado que el presentado por
su antecesor, Manuel Castells.
Tras la aprobación en Consejo de Ministros de la tercera reforma
universitaria en democracia, el texto entrará la próxima semana al
Congreso de los Diputados para su tramitación y posterior entrada en
vigor, prevista para el primer semestre de 2023. En la rueda de
prensa al término del Consejo de Ministros, Subirats ha explicado que
"de momento" las señales que ha recibido de los grupos parlamentarios
son "positivas" en relación con su ley, que necesita mayoría absoluta
para su aprobación por su carácter orgánico.
La reforma obligará a que los contratos temporales no excedan el 8 %,
frente al 40 % que permite la legislación vigente; mandata a las
universidades a dedicar al menos un 5 % de su dinero a investigación
propia y plantea una inversión mínima del 1 % del PIB, sin aclarar el
horizonte temporal en el que se alcanzará dicho porcentaje.
Con este 8 % máximo de temporalidad del personal docente e investigador
en los campus públicos, se quiere poner fin a la precariedad asociada a
determinadas figuras del profesorado laboral, ofreciendo vías de entrada
adecuadas para que continúen la carrera académica si cumplen
determinados requisitos.
Otro de los cambios introducidos se refiere a la formación a lo largo
de la vida para dar respuesta a las necesidades competenciales en la
edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años.
Así, habrá títulos propios de formación mediante microgrados y otros
programas de corta duración.
Según ha explicado hoy el ministro,
la idea es alcanzar el objetivo europeo de que un 60% de la población de
16 a 75 años esté en proceso de formación para 2030, un porcentaje que
actualmente se sitúa en España en un 15 %. En cuanto al estudiantado, la LOSU reconoce por primera vez el derecho
al paro académico sin que la no asistencia a clase o examen implique una
sanción o castigo por este motivo, y manda crear un Consejo de
Estudiantes en cada universidad.
También propone el reconocimiento al estudiantado de créditos académicos
por su implicación en actividades sociales y universitarias; se les
garantiza "la plena y efectiva" participación en la elaboración y
seguimiento de los planes de estudio y guías docentes; y prevé un 25 %
de representación en el claustro.
Los alumnos extranjeros, una vez finalizados sus estudios, podrán
permanecer en España durante un período máximo improrrogable de dos años
para buscar un empleo o emprender un proyecto empresarial.El
período de validez de esta autorización de residencia para prácticas
será de doce meses o igual a la duración del convenio de prácticas, de
ser inferior. El permiso podrá ser renovado, por una sola vez, no
pudiendo exceder de dos años el período total.
Sobre la elección del rector, la ley de Subirats establece que se
elegirá por sufragio universal ponderado y su mandato será de seis años
improrrogables, sin exigir que sea catedrático ni tenga una experiencia
previa. Por otro lado, determina una reserva de plaza de hasta el
15 % para el profesorado que lleva años contratado bajo figuras no
adecuadas (asociado, visitante...).
Así, prevé convertir 25.000 plazas temporales de profesorado asociado
en indefinidas, que deberán acreditar su actividad principal fuera del
campus y no exceder las 120 horas lectivas por curso.Además, la
LOSU propone establecer medidas de acción positiva en los concursos de
acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y laboral
para favorecer el acceso de las mujeres.
El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del
título de doctor, la previa obtención de una acreditación estatal por
parte de Aneca. Será requisito para obtener la acreditación, la
realización de estancias pre o posdoctorales de movilidad en
universidades y/o centros de investigación.
El profesorado
funcionario en régimen de dedicación a tiempo completo tendrá asignada a
la actividad docente un máximo de 240 y un mínimo de 120 horas lectivas
por curso. Se incorpora además la figura del profesorado sustituto cuya
finalidad exclusiva es relevar al personal con derecho a reserva de
puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios.Una de
las disposiciones finales del proyecto prevé que en el plazo de un año
desde la entrada en vigor de la LOSU se aprobará el estatuto del
personal docente e investigador universitario. EFE