MADRID | No
hay precedentes en la democracia española de una parálisis
institucional que afecte de tal manera al Poder Judicial. Con el Supremo
al borde del colapso, el Constitucional sin poder renovarse y el CGPJ
en funciones y bloqueado desde hace tres años y medio. Todo, por la
falta de un acuerdo político PSOE-PP. A continuación, diez claves que resumen una situación enquistada desde 2018 que se ha ido agravando más en las últimas semanas.
El origen de todo
Tres años, seis
meses y veintiséis días. Ese es el tiempo que lleva el Consejo General
del Poder Judicial en funciones, desde el 4 de diciembre de 2018. Todo
un récord en la historia del órgano de gobierno de los jueces, cuya
composición actual data de la arquitectura parlamentaria de 2013, es
decir, de la primera legislatura de Mariano Rajoy, hace casi nueve años.
Las consecuencias de esta "anomalía constitucional" afectan no solo al
normal funcionamiento del Consejo, sino también al Tribunal Supremo y al
Tribunal Constitucional, dos de las principales instituciones que
vertebran el sistema democrático español.
La responsabilidad del POSE y del PP
Nadie en la carrera
judicial es ajeno a la causa del bloqueo. La "falta de voluntad" por
alcanzar un acuerdo entre las dos principales fuerzas parlamentarias
mantiene sine die el problema enquistado. PSOE y PP arremeten el uno
contra el otro para descargar toda la responsabilidad en una cuestión
que levanta ampollas en Europa. Esa "lucha partidista", como dice el
presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, gana terreno ya al cumplimiento de
la legalidad.
El incumplimiento de la constitución y de la Ley
Desde el origen, el CGPJ insiste, sin éxito alguno, en poner fin a
este "incumplimiento de la legalidad". Ya nadie tira balones fuera,
todos los actores reconocen que están incumpliendo la normativa, el
último de ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó. Otra cosa es el
grado de responsabilidad que admitan en dicho incumplimiento.
Porque
la Constitución fija un mandato de cinco años y la Ley Orgánica recoge
que el CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco
años de mandato, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta
la toma de posesión del nuevo.
Las pensiones parlamentarias del Gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez ha barajado mil formulas parlamentarias
para desbloquear la renovación. Cambiar el sistema de elección para que
fuera por mayoría absoluta, descartado por los recelos de Bruselas y
como "gesto" al PP. Luego la reforma para prohibir los nombramientos del
Consejo en funciones. Y ahora pretende revocar en parte esa misma ley
para conseguir su mayoría en el Constitucional. Ha optado por las vías
del acuerdo y del diálogo pero también por la amenaza y la presión al
PP. Sin éxito.
Los vaivenes del PP
Como en toda negociación política, el PP puso sus condiciones sobre
la mesa. En un principio se negó abordar la renovación si un partido
"radical" como Podemos tenía "cualquier papel" en ella. Los indultos del
procés y los acuerdos con ERC o Bildu pusieron más piedras en el
camino.
Después, el PP exigió una reforma de la ley para que sean los
jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales. Hoy, cuando
todo parecía despejado tras las elecciones andaluzas, los puentes están
rotos tras la última maniobra de Sánchez. Por eso, el PP suma dos nuevas
condiciones para retomar el diálogo: que el PSOE retire la reforma para
que el CGPJ sí nombre en funciones a los dos magistrados que le
corresponden para el Constitucional o que la amplíe para extender los
nombramientos al Supremo.
Las negociaciones y la clave electoral
Fuentes jurídicas
confiesan que siempre han existido, otra cosa es la publicidad que se
les otorgue. Tres intentos fallidos -todos con Pablo Casado como
presidente de los populares- comenzando por la filtración de un mensaje
del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre el juez Manuel
Marchena.
El resto, condicionados por los vetos a los jueces José
Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Y a ello se suma el calendario electoral. Cada vez que asoman unos
comicios, la cuestión del CGPJ hiberna, sin saber cuándo despertará. No
hubo acuerdo tras Cataluña, Madrid y Castilla y León. Y tras Andalucía,
el panorama no invita al optimismo.
El colapso en el Tribunal Supremo
La reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir los
nombramientos cuando el CGPJ esté en funciones levanta ampollas en la
carrera y el veto lo sufre como nadie el Supremo. Si hace meses advertía
del "colapso" del tribunal, esta semana la Sala de Gobierno ha alertado
al Senado y al Congreso por carta de que la situación es "insostenible"
y de las "dificultades extraordinarias para su funcionamiento" por la
imposibilidad de cubrir las vacantes.14 plazas de magistrados sin cubrir y contando.
"Es una situación que un Estado no se lo puede permitir", dice Lesmes. EUROPA Estas parálisis institucional tiene su eco en Europa, que no mira de
reojo lo que ocurre en España. Son constantes los requerimientos para
renovar y reformar el CGPJ. El último hace dos semanas, cuando la
vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, visitó nuestro país
para alentar una solución que sea "lo más neutral e independiente
posible, no politizada". La comisaría recordó que en casi todos
los Estado miembros son los jueces quienes eligen a ese órgano y no los
partidos políticos, que es precisamente la estrategia que predica el PP.
La autoenmienda del PSOE para controlar el TC
El pasado 12 de
junio venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales
deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que no
puede al estar en funciones. El PSOE echó un pulso al Constitucional
lanzando la idea de que podía nombrar a sus magistrados y que tomaran
posesión, pero desde el tribunal de garantías no hay debate posible, se
renueva por tercios.
La amenaza de una crisis institucional entre Gobierno y TC llevó al
Ejecutivo a maniobrar con una proposición de ley para sortear el bloqueo
del Consejo para así nombrar a dos magistrados de TC y garantizarse la
ansiada mayoría progresista en el tribunal de garantías. Todo en una
etapa clave del Constitucional, que deberá fiscalizar en los próximos
meses la agenda social de Sánchez.
¿Y ahora qué?
Este último capítulo amenaza con implosionarlo todo. Porque el puente
con Feijóo se ha roto. Porque Podemos reprocha a Sánchez su
unilateralidad. Porque el Supremo ve como la renovación del Consejo
quedará en el aire y sus vacantes sin cubrir. Porque el ambiente se ha
caldeado en el CGPJ con un grupo liderado por nueve vocales
conservadores que se ha movilizado contra la reforma de Sánchez.
Porque
las asociaciones miran nuevamente a Europa en busca de amparo y vuelven
a la carga con su enésima petición para reformar el sistema de
elección. Porque la Comisión Europa previsiblemente volverá a tirar de
las orejas a España en su inminente informe sobre el Estado de Derecho
en nuestro país. Y en diciembre, harán cuatro años. EFE