POLÍTICA
El Congreso aborda la reforma para renovar el TC entre presiones de PP y CGPJ
MADRID | El Congreso aborda la próxima semana la propuesta socialista para permitir al CGPJ nombrar a dos magistrados del Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano, entre fuertes presiones del PP para que la retire y de un sector del Consejo que amenaza con llevar la reforma a la Comisión Europea.
Ferraz ha acelerado para llevar la iniciativa cuanto antes a la Cámara Baja, que debatirá su toma en consideración en el pleno extraordinario del próximo miércoles, inmediatamente después del debate sobre el estado de la nación. Se trata de un primer paso que si sale adelante puede ser casi definitivo habida cuenta de que la norma se tramita por el procedimiento de urgencia y en lectura única para que esta reforma del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial sea aprobada lo más rápido, a ser posible al día siguiente.
Hasta la fecha, los socialistas ya cuentan, a priori, con el respaldo de ERC, Mas País y sobre todo de Unidas Podemos, que ha variado su posición en los últimos días después de que dijera que era una "decisión unilateral" de los socialistas. "Pensamos que hay que intentar renovar el CGPJ, el PP lo está bloqueando a propósito. Habría que estudiar la reforma legislativa pero también es buena idea dar pasos para renovar todos los órganos constitucionales y ahora mismo hay bloqueo en el Tribunal Constitucional y es buena idea renovar magistrados cuyo mandato haya caducado", dijo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
No obstante, de aquí al miércoles el escenario puede variar y no se debe descartar ningún giro en los acontecimientos, más aun si se tiene en cuenta la posición de dos actores clave: el PP y el CGPJ. El PP ha puesto dos condiciones al Gobierno para seguir negociando la renovación del Consejo: que el PSOE dé marcha atrás a la reforma que sí permitirá renovar el Tribunal Constitucional o bien que permita también al Consejo hacer en funciones los nombramientos del Supremo, lo que en la práctica supone derogar la reforma que recortó las competencias del órgano de Gobierno de los jueces.
Para añadirle más presión aún, el PP sigue adelante con su plan de presentar esta semana una propuesta al Gobierno en la que propondrá reformas y la regeneración del poder judicial como condición para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Luego está la posición que adopte el propio Consejo. El Pleno del CGPJ se reunirá este lunes para decidir su respuesta a la iniciativa legislativa del grupo parlamentario socialista para sortear el impedimento legal impuesto a este órgano para hacer nombramientos estando en funciones y poder nombrar así a dos magistrados del TC.
Esta sesión extraordinaria del Pleno tratará, entre otro asuntos, la propuesta de ocho vocales, del bloque conservador, de dirigirse a la Comisión Europea para informar de esta nueva iniciativa legislativa así como de la posibilidad de solicitar al Congreso que recabe un informe del órgano de gobierno de los jueces.
El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que no puede al estar en funciones. El PSOE echó un pulso al Constitucional lanzando la idea de que podía nombrar a sus magistrados y que tomaran posesión, pero desde el tribunal de garantías no hay debate posible, se renueva por tercios.
La amenaza de una crisis institucional entre Gobierno y TC llevó al Ejecutivo a maniobrar con una proposición de ley para sortear el bloqueo del Consejo para así nombrar a dos magistrados de TC y garantizarse la ansiada mayoría progresista en el tribunal de garantías. Todo en una etapa clave del Constitucional, que deberá fiscalizar en los próximos meses la agenda social de Sánchez. Y mientras esto sucede, Vox ha aprovechado para lanzar su propuesta de renovación del CGPJ, una proposición de ley que plantea la elección directa de 12 vocales por los jueces, como pretenden las asociaciones judiciales, a quienes, no obstante, el texto pretende que se termine con su posición privilegiada en el proceso.
Pero lo más novedoso que propone Vox es que se prohíba postularse como candidatos a quienes sean parlamentarios o hayan formado parte de las listas electorales u ocupado cargos políticos en la administración cuatro años antes. EFE