GALICIA | PESCA DE FONDO
El veto a la pesca de fondo tendría un impacto de hasta 816 millones en la economía gallega
Y podría afectar la alrededor de 4.400 tripulantes.
SANTIAGO DE COMPOSTELA | La conselleira del Mar, Rosa Quintana, expuso hoy en el Parlamento de Galicia que el veto a la pesca de fondo aprobado por Bruselas en cerca de un ciento de áreas de aguas comunitarias tendría un impacto de hasta 816 millones de euros en la economía gallega. La titular de Mar destacó que esta estimación, realizada en base a las Tablas Input-output de la Pesca-Conserva Gallegas 2019, muestra que esa prohibición de la actividad pesquera provocaría el colapso de muchas otras actividades marítimo-pesqueras y de la cadena mar-industria, bien por la caída logística, el arrastre comercial o la pérdida de demanda de bienes.
La representante del Ejecutivo gallego lamentó que la Comisión Europea no realizara ningún análisis social y económico antes de adoptar esta medida, algo que señaló como crucial dado que puede llegar a afectar a más de 4.400 tripulantes, alrededor del 40% del total en la comunidad. Ese veto, incidió, repercute directamente en la actividad de más de 200 barcos de capital gallego, y puede afectar a otros 900 de manera indirecta, con su consecuente impacto en las ventas en lonja, en los salarios de las tripulaciones y en la prestación de bienes y servicios, entre otros aspectos.
Rosa Quintana subrayó que con este veto el Ejecutivo comunitario obvia que en las áreas acotadas se venía pescando desde hace décadas, y mismo siglos, sin que esa actividad afectara a los hábitats. Por este motivo, indicó que no tenía tanta urgencia adoptar una medida de este calado y tan perjudicial para la flota, sin hacer una consulta previa seria al sector y a los países afectados.
En esta línea, puso de relieve que los propios pescadores son conscientes de las zonas en que hay hábitats sensibles y que evitan faenar en ellas. Al mismo tiempo, recordó que este tipo de vetos pueden tener efectos perniciosos provocando desequilibrios en la cadena trófica de eses ecosistemas marinos.
Recurso judicial
La conselleira del Mar defendió la necesidad de que España -actor privilegiado como país miembro- interponga un recurso judicial contra este reglamento para evitar su aplicación, algo que la Xunta ya le pidió al Gobierno central y que se hace más urgente una vez que la Comisión Europea rechazó la paralización de su entrada en vigor.
La titular de Mar destacó que el Ejecutivo gallego apoyará cualquier actuación que se adopte en este sentido, tanto del Estado como del sector, aportando datos y argumentos técnicos y jurídicos que contribuyan a lograr la suspensión temporal de esta medida. En caso de que el Estado no presente recurso, aclaró, lo hará la Xunta a pesar de que tendría menos posibilidades de prosperar.
Rosa Quintana recordó que esta prohibición -que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 19 de septiembre y entrará en vigor el 9 de octubre- tiene su germen en la Estrategia de Biodiversidad aprobada por la Comisión Europea en 2020. Desde entonces Galicia presentó argumentos, mantuvo distintas reuniones y presentó informes ante su preocupación por el impacto que esta medida podía tener en el sector. Por el contrario, recordó, Bruselas no aportó los dictámenes en los que se sustenta el veto a pesar de que le fueron solicitados por la Xunta en distintas ocasiones.
Sin apoyo mayoritario
La representante del Ejecutivo gallego puso de relieve que esta medida fue aprobada sin un acuerdo unánime ni mayoritario de la Unión Europea y que el Ejecutivo comunitario decidió seguir adelante con un resultado de no “decisión”. Esta manera de actuar, dijo, escapa del que es habitual en el seno de la Comisión y reiteró la necesidad de que esta prohibición se vuelva a tramitar desde cero, puesto que es nociva y está mal sustentada.
La conselleira señaló que Bruselas debería aprobar una moratoria en la entrada en vigor de este veto, lo que abriría la puerta a revisarlo con una aportación rigurosa de datos y a la adecuación del alcance del mismo. De hecho, dado que en noviembre se va a revisar esta medida, la comunidad pide un período de gracia de dos meses pues “retrasala dos meses no provocaría daños irreversibles en los hábitats, pero sí puede provocarlos en la flota”.
Mientras el Ejecutivo comunitario no rectifique, añadió, Galicia va a seguir trabajando y buscando alianzas con otras comunidades y regiones pesqueras con el objetivo de crear una frente común contra esta medida. En esta línea, anunció, este viernes se reunirán en Santander representantes de los Gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía con el fin de mostrar su unidad contra esta prohibición y trabajar de la mano en la defensa del sector.
Al mismo tiempo, la comunidad va a iniciar contactos con otras regiones pesqueras europeas afectadas y con representantes del Parlamento Europeo para intentar frenar este despropósito, puesto en marcha con datos parciales y sin actualizar. En paralelo, la Xunta solicitará una reunión con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva, para exponer las consideraciones de Galicia sobre este asunto.
Rosa Quintana concluyó destacando que Bruselas tiene que tener claro que el sector pesquero gallego no está en contra de que existan zonas protegidas, que ya existen, pero pide que se establezcan a través del diálogo y de manera sustentada y justificada en la ciencia, de forma equilibrada y proporcionada.