MADRID | Con la llegada del proyecto de presupuestos generales del Estado al Congreso y la búsqueda de apoyos para sacarlo adelante vuelve a colarse en el debate político la reforma del delito de sedición, un compromiso que el Gobierno adquirió hace casi dos años y que sigue incumplido.
Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del «procés» fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales. Leer más