MADRID | El anuncio sobre la reforma del delito de sedición, que quedará reemplazado por otro delito de «desórdenes públicos agravados» y con penas más bajas, se ha gestado en las últimas semanas en contactos discretos, que han conseguido superar las divergencias que separaban a PSOE y ERC.
Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció el cambio legislativo sin que hubiese habido filtraciones previas a pesar de que, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el acuerdo quedó sellado en buena medida un día antes. Mientras desde ERC afirman que el anuncio fue fruto de las conversaciones que han mantenido republicanos y socialistas, desde el Gobierno de Pedro Sánchez no hablan de negociación con Esquerra, aunque reconocen que ha habido contactos para trasladarles lo que pensaba hacer el Ejecutivo para tener asegurado su apoyo, ya que siempre han dicho que no se presentaría una propuesta que no tuviera asegurado previamente el apoyo de las Cortes Generales.
Ambas partes son reacias a dar detalles y concretar quiénes fueron los protagonistas del desbloqueo de esa reforma, cuyos últimos retoques fueron introducidos el mismo jueves, antes del anuncio de Sánchez, si bien el punto de partida puede situarse más atrás.
El origen
El pasado 27 de julio, en la Moncloa, las delegaciones del Gobierno del Estado -encabezada por el ministro Félix Bolaños- y del Govern de Cataluña -liderada por la consellera Laura Vilagrà-, en el marco de la mesa de diálogo, firmaron un primer acuerdo para avanzar en la «desjudicialización» del conflicto catalán.
En ese momento no concretaron qué cambios legislativos podía comportar ese proceso de «desjudicialización», pero en boca de todos estaba la posible reforma del delito de sedición, que fue clave en las condenas a prisión dictadas por el Tribunal Supremo en 2019 a nueve líderes independentistas por el ‘procés’. El plazo que se impusieron ambos gobiernos para concretar esas reformas contemplaba como límite el 31 de diciembre de este año. Leer más