MADRID | El anteproyecto de la ley integral contra la trata plantea penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien haga uso de servicios o prestaciones de las víctimas, entre las que destacan las mujeres forzadas a prostituirse, y garantiza a las víctimas una asistencia integral, con autorizaciones de residencia y trabajo provisionales.
El texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros persigue todas las formas de explotación vinculadas a la trata: la esclavitud, la servidumbre y los trabajos o servicios forzosos, la mendicidad, la realización de actividades delictivas, la prestación de servicios sexuales o reproductivos, la extracción de órganos o tejidos y los matrimonios o las uniones de hecho forzadas. Leer más