MADRID | La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional (TC), que finalmente ha aplazado al lunes su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP.
El PP y Ciudadanos, que como Vox han intentado hasta última hora aplazar el pleno, han decidido no votar en señal de protesta. Con 184 votos a favor -de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios-, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley en la que, a última hora, PSOE y Podemos han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del TC.
El objetivo del Gobierno es que la ley, que modifica los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del «procés» y por los que aún debe ser juzgado el expresidente catalán Carles Puigdemont, vea la luz antes de fin de año.
El recurso del PP ante el Constitucional para intentar frenar una reforma de las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional a través de una proposición que se diseñó, en un principio, para derogar la sedición ha unido a la izquierda, que ha acusado a los populares de acudir a los tribunales cuando pierden en las urnas. Leer más