El PP pide que el Congreso revoque la resolución de 2005 sobre un fin dialogado con ETA
Quiere que la Cámara tenga las actas de "compromisos alcanzados con ETA en nombre de España"
El PP ha presentado una propuesta de resolución en el Debate sobre el estado de la Nación en la que pide que se revoque la resolución aprobada en 2005 que abría la puerta al diálogo con ETA si se daban unas determinadas condiciones de fin de violencia. Así lo adelantaba horas antes el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien defendió "anular" el mandato que el Parlamento aprobó en la edición del Debate de la Nación hace un par de años alegando que "los tiempos no aconsejan un acuerdo de esa naturaleza" en este momento. "Mantener ese acuerdo vivo es seguir dando oxígeno a los terroristas. Ese acuerdo ha demostrado que no era adecuado y miren las cosas cómo han transcurrido", declaró el portavoz del Grupo Popular. En el mismo texto, se establece que es "imperativo y urgente" que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, entregue a las Cortes las actas de las reuniones mantenidas con ETA, "incluyendo compromisos y acuerdos alcanzados en nombre de todos los españoles". En la moción se apunta que "el Congreso constata la paradoja que supone que mientras ETA mantiene amenazados a todos los españoles, en la sede de la soberanía nacional siga vigente una resolución que autoriza al diálogo con quienes han reafirmado su voluntad de destruir nuestro sistema de derechos y libertades". Además, los populares aprovechan la ocasión para subrayar que existen "recientes informaciones" que apuntan a que antes de solicitar autorización parlamentaria, el Gobierno "ya había mantenido contactos previos" con la banda en los que se alcanzaron "compromisos". "Todavía está por aclarar si estos contactos se remontan, incluso, a la pasada legislatura", cuando estaba en plena vigencia el Pacto contra el terrorismo."La escasa credibilidad del Gobierno tras estas revelaciones se ve, además, potenciada por nuevas informaciones que apuntan a que el Gobierno se habría seguido reuniendo con ETA incluso después del atentado de la T-4, con el agravante de que fue el presidente el que, tras el atentado, aseguró categóricamente a los españoles que la negociación se había cerrado", se enfatiza. Tras agregar que "todas esas reuniones" fueron recogidas en "actas" y ante observadores internacionales, se sentencia en la moción del PP que dada la "falta de crédito" del Ejecutivo, es "imperativo y urgente" que se pongan a disposición de los ciudadanos el contenido real de las negociaciones con ETA. Navarra En total, el PP ha registrado una docena de propuestas de resolución para el último Debate sobre el estado de la Nación de la legislatura. Así, los populares han registrado una propuesta de resolución sobre Navarra, a fin de que se rechace "cualquier negociación" con ETA sobre su futuro "en conversaciones directas con el Gobierno de la nación", además de cerrar la posibilidad de la creación, "con formaciones que compartan los fines políticos" de la banda respecto a la comunidad foral, de una mesa extraparlamentaria de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales para acordar un nuevo estatus jurídico-constitucional del País Vasco y Navarra. Además, demandan que se rechace "cualquier pacto de gobierno" en Navarra que pueda conducir al cuestionamiento de su "carácter propio, diferenciado y singular". Estas peticiones vienen precedidas por un texto previo en el que se asevera que "ningún grupo terrorista ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines, ha estado ni estará nunca legitimado para erigirse en representante del pueblo de Navarra". Otras resoluciones El PP dedica otras de sus resoluciones a la "calidad democrática" y, en la misma, acusa al Gobierno socialista de haber "conculcado derechos y deberes de los ciudadanos", llegando a hacer una "instrumentalización injustificable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con grave daño a la buena imagen y al prestigio de las mismas". En este contexto, se demanda que se impulse "de forma definitiva" la reforma del reglamento del Congreso, con el objetivo de garantizar el "respeto" del Ejecutivo al Parlamento y su función de control al mismo, además de ofrecer garantías de la "imparcialidad" del presidente de la Cámara evitando que sea una "voz autorizada" del Gobierno. Se aboga también, entre otras cosas, por que se favorezca la independencia de la Justicia y se promueva una renovación del Consejo General del Poder Judicial que sea "representativa" de las distintas corrientes existentes en la carrera judicial y que se evite la legislación "ad hoc" en torno a operaciones empresariales y se hagan reformas legislativas para evitar que partidos minoritarios sean clave en composición de gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Asimismo, el PP quiere la retirada de la Ley de la Memoria Histórica, "garantizando en cualquier caso la satisfacción de indemnizaciones". En lo que concierne a la seguridad, el PP ha presentado una resolución que defiende que se pongan en marcha las medidas que aprobó en su última conferencia sobre seguridad (que incluye la incorporación de 30.000 nuevos agentes a Policía y Guardia Civil en los tres próximos ejercicios; el aumento de número de plazas y planes de refuerzo para estos cuerpos; la recuperación del policía de proximidad o la atención especial a la delincuencia de barrio o las redes organizadas, entre otras). Se insiste también en la necesidad de tomar medidas contra la delincuencia juvenil, así como en acometer reformas del Código Penal para hacer frente a nuevos tipos de delincuencia o incentivar mejoras judiciales y de cooperación internacional en esta materia. Los populares someterán a debate otra resolución sobre política exterior en la que se habla de seguridad de tropas, y se acusa al Gobierno de incrementar presencia de españoles con "mayor riesgo" en zonas como Líbano y Afganistán para "compensar la salida de Irak".