REDACCIÓN | Tres empresarios señalados en el último informe de la UCO han negado hoy ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que pagaran presuntas ‘mordidas’ a la trama Koldo a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas.
Se trata de los administradores de Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz) y Obras Públicas y Regadíos (los hermanos Daniel y Antonio Fernández), quienes han comparecido ante el magistrado como investigados, una vez que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desveló que presuntamente habrían pagado comisiones a la trama Koldo a cambio de contratos públicos.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que los empresarios de LIC y OPR han negado cualquier irregularidades en los contratos con Transportes, de los cuales han defendido que se hicieron legalmente.
Pese a negar los pagos de ‘mordidas’, los tres han explicado que en este sector, para poder conseguir obra pública, es importante ir al ministerio, por la imagen de la empresa y para conocer su funcionamiento de cara a afrontar mejor cualquier proceso de licitación pública.
Al término de sus declaraciones, en las que han respondido a las preguntas del juez, fiscal y defensas, el magistrado les ha impuesto como medidas cautelares comparecencias quincenales, y a Ruz, además, la retirada del pasaporte, a petición de la Fiscalía.
Puente les incorporó a la causa porque su conducta «aparecería también indisociablemente unida» a la de Santos Cerdán, aunque las fuentes subrayan que no se les han formulado preguntas sobre el exdirigente socialista, algo que ha sorprendido a varias defensas. Leer más