CDFR
Coalición civil advierte que declaraciones del gobierno sobre religiones específicas podrían socavar la libertad religiosa
REDACCIÓN | La Coalición por la Democracia y la Libertad de Religión (CDFR, por sus siglas en inglés), una alianza de la sociedad civil, celebró una conferencia de prensa conjunta frente a la fuente de la Casa Azul en Seúl, en la que dio a conocer una declaración crítica respecto de recientes declaraciones y directrices de investigación emitidas por altos funcionarios del gobierno.
A través de esta conferencia de prensa, la Coalición anunció oficialmente su lanzamiento y afirmó que “la estigmatización y la presión a nivel estatal dirigidas contra religiones específicas generan serias preocupaciones por el debilitamiento de la libertad de religión y del principio constitucional de separación entre religión y Estado”. La CDFR está compuesta por organizaciones cívicas, religiosas y sociales de Corea del Sur, y cuenta con la participación de una amplia gama de figuras, entre ellas líderes religiosos del budismo, el cristianismo y el islam, así como profesionales del ámbito jurídico, profesores universitarios y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil.
El evento, titulado “Conferencia de prensa conjunta para la protección de la libertad de religión garantizada por la constitución”, reunió a aproximadamente 100 participantes e incluyó la lectura de una declaración conjunta, seguida de intervenciones principales a cargo de los copresidentes de la Coalición. La declaración fue leída por el Venerable Beop San, jefe ejecutivo de la Orden Jogye del Budismo Daegak y copresidente de la Coalición. Posteriormente, cuatro ponentes, representantes de las comunidades budista, cristiana e islámica, así como de la sociedad civil, quienes analizaron las posibles implicaciones de la calificación oficial de religiones específicas sobre el orden constitucional y los principios democráticos.
En su declaración, la Coalición recordó que el Artículo 20 de la Constitución de la República de Corea garantiza la libertad de religión y establece la separación entre religión y Estado, y subrayó también la relevancia de los Artículos 10 (dignidad humana) y 11 (igualdad ante la ley). En este contexto, advirtió que el uso reiterado, por parte de autoridades estatales, de términos como “pseudorreligioso”, “herético” o “perjudicial” para referirse a determinados grupos religiosos puede entrar en tensión con los principios de neutralidad religiosa y no discriminación propios de un Estado democrático de derecho.
La declaración fue elaborada tras una reunión-almuerzo celebrada el 12 de enero de 2026 entre el presidente Lee Jae-myung y líderes religiosos, durante la cual, según un informe de la portavoz de la Casa Azul, Kang Yoo-jeong, el presidente expresó su acuerdo con las declaraciones de algunos líderes religiosos que señalaron que “los daños causados por grupos pseudorreligiosos y sectarios como la Iglesia de la Unificación y Shincheonji son graves”, y añadió que “el daño ha aumentado porque se ha permitido que persista sin control durante demasiado tiempo en nuestra sociedad”. Al día siguiente, el primer ministro Kim Min-seok, durante una reunión del Gabinete, describió a la Iglesia de la Unificación y a Shincheonji como “males sociales que deben ser erradicados” y ordenó una investigación y respuesta conjunta de todo el aparato gubernamental. Estas declaraciones fueron citadas por la Coalición como ejemplos representativos del problema planteado.
Durante la conferencia de prensa, la Coalición afirmó que “independientemente de que existan investigaciones en curso sobre presuntas conductas delictivas, la práctica de que altos funcionarios del gobierno definan de manera amplia y negativa a grupos religiosos específicos pone en riesgo la obligación del Estado de mantener la neutralidad religiosa”. Asimismo, señaló que la progresión desde opiniones expresadas en una reunión con líderes religiosos hasta un lenguaje contundente utilizado en una reunión del Gabinete puede dar lugar a malentendidos respecto del principio constitucional de separación entre religión y Estado. Algunos observadores también han señalado que, pese a la participación documentada de ciertas organizaciones religiosas en actividades de voluntariado, campañas de donación de sangre y otras formas de compromiso social, estas han sido objeto de caracterizaciones negativas generalizadas sin que se hayan presentado conclusiones penales específicas.
Al subrayar que Corea del Sur es Estado parte de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Coalición sostuvo que “las recientes respuestas del gobierno ameritan merecen una revisión exhaustiva, para determinar si se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos”. La Coalición instó a las Naciones Unidas (ONU) y a organizaciones dedicadas a la libertad de religión o de creencias, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo a llevar a cabo revisiones independientes y emitir declaraciones oficiales, incluidas recomendaciones, sobre si la situación actual en Corea del Sur cumple con los valores constitucionales y las normas internacionales.
Para concluir, la Coalición exhortó al gobierno a cesar todas las acciones que inciten al odio contra determinados grupos religiosos y que ejerzan de manera indebida el poder estatal; a emitir una disculpa pública por las declaraciones discriminatorias realizadas por el presidente y el primer ministro, y a comprometerse a evitar su repetición; y a establecer marcos de comunicación que garanticen el respeto en igualdad de condiciones para todas las religiones y creencias.
“La libertad de religión no es un asunto que concierna a un solo grupo”, enfatizó la Coalición, “sino un estándar fundamental para toda la sociedad democrática”.