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Los últimos crímenes machistas ponen sobre la mesa revisar el sistema de valoración de riesgo
REDACCIÓN | Las víctimas mortales de violencia de género en España en lo que va de año ascienden ya a diez, un dato alarmante que se agrava con el hecho de que la mitad hubieran presentado una denuncia previa por malos tratos contra su presunto agresor y que indica la necesidad de mejorar el sistema de protección, como reconoció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hace unos días.
«No tenemos un sistema perfecto, ojalá, porque eso nos daría otros resultados. No tenemos un sistema infalible, pero es evidente que nuestro objetivo y nuestra voluntad política es seguir mejorando», señaló Redondo en una rueda de prensa el pasado jueves, durante la que avanzó que está estudiando con el Ministerio del Interior cómo «perfeccionar» el sistema de valoración del riesgo.
En opinión de la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, la última escalada de crímenes machistas obliga a Igualdad a convocar un Comité de Crisis, algo que Redondo avanzó que se hará «próximamente», aunque no aclaró la fecha.
«Hay que admitir los fallos y actuar en consecuencia. Con lo difícil que es para las mujeres denunciar la violencia de género en pareja las instituciones no pueden quedarse en un mensaje de denuncia», asevera Rosell en conversaciones con EFE, donde reivindica la necesidad de sacar conclusiones a cerca de lo que falló caso a caso y tomar medidas para mejorar la protección.
Para la magistrada, es indispensable «analizar las costuras del sistema para detectar realmente donde, por muy bien que esté escrito, fallan los factores humanos, la valoración del riesgo de VioGén, la adopción de medidas, la credibilidad de las mujeres o el ámbito judicial».
Como explica a EFE Gema Cornejo, abogada especialista en violencia de género y miembro del comité asesor de esta materia en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el sistema de valoración del riesgo de las víctimas de violencia machista consiste en una serie de preguntas como la existencia de denuncias previas; si han sufrido agresiones, amenazas, vejaciones o insultos, o si han sido forzadas a mantener relaciones sexuales.
También se plantean cuestiones relacionadas con el agresor, como si éste posee armas, ha manifestado celos exagerados, sospecha alguna infidelidad, o controla el acceso a redes sociales, el tiempo de desplazamiento al trabajo, las relaciones sociales o la economía familiar.
Por último, se estudia la vulnerabilidad de la víctima, basándose en si ésta tiene hijos menores a cargo, si presenta alguna discapacidad, si ha manifestado ideas suicidas, si tiene alguna adicción o si cuenta con una red de apoyo.
«Este sistema no deja de ser un programa informático», lamenta Cornejo, con quien comparte opinión Rosell, en cuyas palabras la evaluación la realiza un sistema «de algoritmos» cuyo diseño «no es muy transparente» y no está sometido a evaluación de expertas con perspectiva de género.
La exdelegada del Gobierno asume que la reevaluación del riesgo «tiene fallos que hay que estudiar» y propone, por ejemplo, considerar un aumento del riesgo cuando en el marco de una orden de alejamiento activa se pacta un régimen de visitas entre el padre y los menores.
Otro de los obstáculos, resalta Cornejo, es el hecho de que, en ocasiones, el sistema judicial «infravalore» la violencia psicológica. En parte, concreta, porque «no se tiene en cuenta», pero también porque es «muy complejo acreditarla en una primera denuncia».
«En un juicio rápido no se va a hacer una valoración psicológica porque materialmente es imposible», lamenta la abogada, quien señala que este tipo de violencia «se detecta con el tiempo», cuando la víctima se siente más segura o ve la importancia de conductas que había pasado por alto. Leer más