BONO SOCIAL
El Supremo avala la orden sobre el bono social y reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas
REDACCIÓN | El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las comercializadoras de electricidad a ser indemnizadas por los costes de gestión que derivan de la aplicación del bono social eléctrico, más los intereses, pero rechaza que la orden ministerial que regula este mecanismo sea nula.
En una sentencia fechada el pasado 25 de febrero a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso declara que ha lugar el recurso de la Abogacía del Estado contra un fallo de octubre de 2023 de la Audiencia Nacional, y estima en parte el recurso de varias sociedades de Iberdrola.
El bono social eléctrico es una de las principales herramientas del Gobierno para proteger del encarecimiento de la energía a los consumidores vulnerables, aquellos que cumplen ciertos requisitos de renta (normalmente hasta 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples ajustado por el número de miembros del hogar).
En 2022, el Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico y anuló varios artículos del real decreto de 2017 que regulaba esta figura al considerar que carecía de «justificación objetiva y razonable» y provocaba un «trato discriminatorio».
En concreto, declaraba «la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social», establecidos en la Ley 24/2016 del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto-Ley 7/2016.
La Audiencia Nacional, en respuesta a un recurso de Iberdrola, declaró no válida dicha orden al no reconocer en el PVPC el importe de los costes de gestión a los que tuvieron que hacer frente las empresas, y reconoció su derecho a ser indemnizadas. Leer más